Picardi pidió abrir una causa "contra Bullrich por si actuó fuera del marco legal y sus atribuciones" en relación a las comunidades mapuches, informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
Los funcionarios habrían contribuido a proteger los negocios inmobiliarios que se mueven en torno a los territorios que reclaman los indígenas por ser tierras ancestrales, según Picardi.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad habría intentado criminalizar al movimiento Resistencia Ancestral Mapuche para construir en "una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas", alegó Picardi.
A lo largo de su documento, el fiscal recordó la situación actual que atraviesan las comunidades indígenas de acuerdo al informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia tras su viaje al país en mayo de 2016.
Picardi pidió distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
Denuncia
La causa judicial se originó con una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Esa organización denunció a Bullrich y a otros funcionarios de su cartera por las políticas que llevaron a cabo en relación a las comunidades mapuches desde su asunción en diciembre de 2015.
Bajo la conducción de Bullrich, los funcionarios recurrieron en exceso a la figura de flagrancia como si hubieran tenido que intervenir en conflictos violentos que en ocasiones terminaron con víctimas mortales, como la del activista Santiago Maldonado y del mapuche Rafael Nahuel.
La Constitución argentina reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y garantiza "el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan".
Los últimos gobiernos, incluido el actual de Mauricio Macri y el anterior de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), apenas han avanzado en el relevamiento de tierras o en el reconocimiento de derechos de las comunidades.