"Es escalofriante estar en la cárcel y verificar el relato perverso que está haciendo el Gobierno para tratar de acusarme. Lo escalofriante es darse cuenta hacia dónde el Gobierno empuja el relato comunicacional, pretendiendo culparme a mí y a otros de actos que no hemos cometido jamás", dijo González a esta agencia.
El dirigente afirmó a esta agencia que ya van más de 15 días preso y que dentro de la cárcel también están integrantes de organizaciones indígenas, acusados de terrorismo.
"La Fiscalía y el Gobierno empujan una matriz de opinión para hacer olvidar sus decisiones antipopulares y su mal Gobierno", agregó.
Afirmó que las acusaciones del Gobierno son falsas y que el "único responsable" de las protestas es la administración de Lenín Moreno, por no cumplir su programa, despedir a más de 25.000 funcionarios públicos, y dejar a los "ciudadanos a merced de la inseguridad".
"Tiene una aprobación y credibilidad realmente crítica y lo único que hace desde hace dos años es acusar al Gobierno anterior de todo y ahora incluso de las movilizaciones", expresó.
Sostuvo que varios integrantes de Revolución Ciudadana vienen sufriendo de "manera sistemática y agresiva" la persecución política.
Expresó que ya denunció su situación frente a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En las últimas dos semanas se realizaron siete allanamientos relacionados con integrantes de Revolución Ciudadana y dos detenciones, tras las protestas masivas que enfrentó el Gobierno por 12 días.
Los domicilios de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el del exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y el de González fueron allanados por la policía, al igual que las viviendas de otras cuatro personas.
Desde el 2 de octubre, Ecuador se vio convulsionado por una serie de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, además de otras reformas financieras y laborales, decretadas por Moreno el día anterior.
El domingo 13, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas que encabezaban las protestas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las manifestaciones anulando el decreto que eliminaba el subsidio al combustible.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante los 12 días de protestas hubo 10 fallecidos, 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
