"El Objetivo de la invitación es que estas misiones examinen si la acción del Gobierno para mantener el orden público frente los actos de violencia y los llamados a golpe de Estado se dio con respeto a Ley y estándares de derechos humanos. Así mismo, busca poner en conocimiento de los comisionados las graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, de trabajadores de la prensa y de miembros de la fuerza pública que se dieron en el marco de las manifestaciones", dijo la Cancillería ecuatoriana en un comunicado de prensa.
El 15 de octubre, el canciller José Valencia, a nombre del Gobierno de Moreno, invitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que designen sendas comisiones que visitaran Ecuador.
La Cancillería añadió que brindará las condiciones para la operación de las misiones, proveerá la información que requieran y garantizará su seguridad.
"La oportuna invitación a los organismos internacionales de derechos humanos y el apoyo a la operación de las misiones en el país expresa la transparencia en el accionar del Gobierno nacional y su respeto irrestricto de los derechos humanos", enfatizó la Cancillería ecuatoriana.
De acuerdo con el informe entregado el 28 de octubre por la Defensoría del Pueblo a la misión de la CIDH que recaba testimonios de los afectados, durante los 12 días de protestas hubo 10 fallecidos, 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
De acuerdo con datos del Ministerio de Gobierno, durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados durante las protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto con otros movimientos sociales mantuvo hasta el 13 de octubre protestas en todo el país contra la eliminación de los subsidios de los combustibles decidida por el Ejecutivo.
Las protestas terminaron en la noche del 13 de octubre, tras un acuerdo con el Gobierno, con la mediación de la delegación de las Naciones Unidas en Ecuador y la iglesia ecuatoriana; un día después Moreno derogó el decreto con el que suprimió los subsidios a los combustibles.
Al momento, tanto el Gobierno como diferentes sectores sociales analizan la forma para dirigir el subsidio a quienes lo necesitan y evitar que vaya a las personas más ricas del país o a traficantes que venden el combustible subsidiado a Colombia y Perú, a precios más altos.
