"Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos hemos estado en sesión permanente durante las protestas y siendo informados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y por lo que hemos podido constatar, no hay transparencia en el número de muertos ni en las causas de sus muertes", criticó Hertz.
Desde que se desataron las protestas ciudadanas en Santiago el viernes 18 de octubre, el Gobierno de Chile confirmó oficialmente la muerte de 19 personas en diversos contextos, cinco de las cuales fueron perpetradas por efectivos de las Fuerzas Armadas en distintas ciudades del país.
Además, otras cinco personas murieron producto de la acción de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia: tres jóvenes murieron en La Serena (norte), Coquimbo (norte) y Curicó (sur) producto de disparos del Ejército; un hombre murió en Santiago luego de una golpiza de Carabineros (policía militarizada); y un transeúnte fue atropellado por un funcionario de la Armada en Talcahuano (sur) que manejaba un camión militar.
Tres militares ya fueron puestos a disposición de la Justicia por estos casos, y uno de ellos permanece en prisión preventiva.
La Cancillería de Perú confirmó la muerte de tres de sus connacionales, pero Chile solo reconoció dos, sin considerar a un ciudadano llamado Julián Pérez.
La Cancillería de Colombia informó sobre la muerte de dos colombianos entre las protestas, quienes tampoco aparecen en el listado de los 19.
Por último, la Fiscalía se encuentra investigando el fallecimiento de Daniela Carrasco, una joven chilena de 36 años que fue encontrada ahorcada en un sitio eriazo, caso que fue denunciado por diversas organizaciones sociales y feministas como un asesinato, pero al cual el Gobierno no se refirió.
"El Gobierno debe transparentar las identidades de todas las personas, y el contexto y las causas de sus muertes, nosotros hemos pedido insistentemente las cifras, tanto de los muertos como de los heridos, pero los hospitales públicos se niegan a entregar información", dijo la diputada.
Accionar policial
Una de las situaciones más criticadas durante el estado de emergencia que fue decretado hace una semana por el presidente Piñera fue el actuar de la policía y de las Fuerzas Armadas en las calles.
Tradicionalmente, la policía anti disturbios chilena (llamada Fuerzas Especiales de Carabineros) utilizaba agua para dispersar a los manifestantes, y en algunas ocasiones gas lacrimógeno; pero durante esta semana utilizaron además, pistolas con balas de goma, algo muy poco común.
Danny Rayman es abogado experto en Derechos Humanos, y es uno de los coordinadores de la plataforma online Testigos en Línea, dedicada a recibir y documentar la mayor cantidad de registros audiovisuales de casos de abuso policial y violaciones a los derechos humanos.
En conversación con Sputnik, afirmó que "Nuestra idea es poder documentar lo que no muestran los medios tradicionales, y que sí han mostrado las redes sociales y los medios alternativos, donde hemos podido ver decenas de registros con una represión policial bastante dura".
"Vemos videos incluso en manifestaciones pacíficas, con familias, donde sin ninguna razón válida la policía aplica la violencia sin dar espacio a que la sociedad se manifieste y llegar a una solución, acá realmente no existe un enemigo al que hay que combatir, como ha dicho el presidente Piñera, sino que es simple abuso de poder y violencia desmedida, y nosotros hemos recopilado aquello", dijo.
En el último reporte del INDH además se consignó el ingreso de 12 querellas por abusos sexuales durante las detenciones, acusando desnudamientos y manoseos indebidos, y una mujer que relató haber sido amenazada con ser penetrada con un fusil de guerra en una comisaría.
En total, fueron detenidas 2.840 personas a lo largo del país, según cifras del mismo organismo.
Una de las denuncias que más causó conmoción en la ciudadanía fue la revelación de un presunto centro de torturas clandestino en la estación subterránea de metro Baquedano, donde una de las eventuales víctimas relató haber sido llevado, amarrado y golpeado por funcionarios de Carabineros; actualmente esta situación está siendo investigada por la Fiscalía Oriente de Santiago.
El Ejército en la calle
A diferencia de Carabineros, los militares salieron armados con fusiles de guerra para controlar la situación, dejando tres muertos y 302 personas heridas, según el último reporte del INDH.
En general, la ciudadanía rechazó la presencia de los militares en las ciudades, pero el presidente Piñera aseguró que no terminará con el estado de emergencia, "estamos trabajando en un plan de la normalización de la vida de nuestro país y sé que todos queremos levantar el estado de emergencia, pero un presidente debe actuar con responsabilidad", argumentó.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirmó que enviará una misión especial a Chile para monitorear las violaciones contra los derechos humanos que se denunciaron durante las manifestaciones, arribando el próximo lunes a Santiago.
El 19 de este mes, Piñera cedió y anunció que el pasaje no subiría, pero con su anuncio las protestas no amainaron y tomaron un cariz mucho más intenso, con incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y "cacerolazos" (salir a la calle en masa a golpear una cacerola).
Ese fin de semana surgió la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se fueron profundizando también en democracia.
Piden el fin al sistema de pensiones de vejez, administrado por empresas privadas llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), la rebaja de la jornada laboral que es de las más largas de la región, que se elimine el sistema de financiamiento bancario de las universidades, que deja a los estudiantes endeudados por décadas, protestan contra el alto precio de los medicamentos, entre otras.
La primera respuesta de Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no fueron levantadas.
El presidente Piñera anunció un paquete de medidas sociales como el aumento en el precio de las pensiones para un grupo de jubilados, el congelamiento de los precios de la electricidad, un impuesto para aquellos que ganen más de 11.000 dólares al mes, entre otras, pero la agenda fue considerada como "insuficiente" por la oposición y la población, quienes no dejaron de manifestarse tras el anuncio.
