La actual senadora gozó de fueros constitucionales durante los últimos dos años, aunque tuvo que afrontar diversos procesos en el marco de las investigaciones sobre posible corrupción durante su administración, que además tiene en prisión a otros funcionarios y procesamientos en el seno de su familia.
La polémica está sobre el tapete desde principios de año, y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay tiró la primera piedra: "Si ganase Cristina van a indultar a todos", aun cuando todavía no se conocía que la viuda del expersidente Néstor Kirchner (2003-2007) se postularía a vicepresidenta.
Luego, conocida la fórmula del kirchnerismo, Sabsay corrigió: "El juicio político es más complejo que levantar los fueros, lo digo por si Cristina Fernández es vicepresidente".
"El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto; los presidentes no están para perdonar a nadie", respondió el candidato presidencial y compañero de fórmula de la exmandataria, Alberto Fernández (centroizquierda), al programa de TV Telenoche semanas atrás.
En diálogo con Sputnik, uno de los abogados de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, opinó que "lo de Sabsay es una falta de respeto; la locura que armaron judicialmente termina con una causa de un chofer que escribía un cuaderno que se incendió en una parrilla y que un periodista acercó copias a un fiscal que hoy se encuentra rebelde de la justicia".
Dalbón arguyó que el dinero que se le busca a la familia Kirchner "se encontró en un banco y en una caja de seguridad", que correspondía a "la sucesión de Néstor Kirchner"; y que "cualquiera puede seguir las declaraciones juradas de Néstor y de Cristina para observar su crecimiento patrimonial".
"No cuesta entender que lo que ha pasado se llama 'lawfare', argumentó Dalbón. "Es un procedimiento dende la Justicia y los medios se asocian contra un Gobierno o un político para sellar su capacidad de gobernar y/o ser oposición a los gobiernos de corte neoliberal".
Dólar futuro
La primera causa elevada a juicio oral en octubre de 2015 por el juez Claudio Bonadio —que firmó 10 procesos contra la expresidenta- es la conocida como "dólar futuro", de momento sin fecha de inicio, y que investiga a Fernández, el exministro de Economía, Axel Kicillof, y el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por la presunta venta de dólares a futuro a un precio menor que el mercado y por provocar un perjuicio económico al Estado.
El proceso fue cuestionado desde varios sectores por enfocarse en una medida económica tomada por una administración para equilibrar el mercado cambiario y que, por lo tanto, no debería ser sometida a proceso.
Memorándum con Irán
La segunda causa elevada a juicio oral contra la senadora Fernández desde enero de 2015 fue presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman y la acusa de encubrimiento.
Remite a un acuerdo de entendimiento votado en el Congreso argentino que la administración de Fernández pactó con el Gobierno de Irán para lograr que los iraníes procesados por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, en 1994, declararan en la causa, aunque el memorándum nunca fue aprobado por el parlamento iraní y nunca entró en vigencia.
Causa vialidad
Es el único de los procesos que llegó a juicio oral y público y comenzó el 22 de mayo pasado.
Se acusa a Fernández de favorecer al Grupo Austral, empresa cuyo titular era el empresario afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez, con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) entre 2004 y 2015.
"La [causa por] obra pública está en juicio oral y será nula, comenzó sin las pericias y ahora las pericias llegaron con un resultado positivo para los imputados", sostiene Dalbón.
Causas Los Sauces y Hotesur
Se trata de dos procesos que fueron unidos "a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia" según lo argumentado por el tribunal que recibió las pesquisas en mayo pasado.
La investigación, por la que también están procesados los hijos de Fernández, Máximo y Florencia —esta última en tratamiento médico en Cuba—, apunta a dilucidar si empresarios afines al kirchnerismo, entre los que se apunta a Cristóbal López y Lázaro Báez, contrataron durante años habitaciones en los hoteles propiedad de los Kirchner para blanquear sobornos derivados de la obra pública.
"En la causa Los Sauces y Hotesur las pericias dan perfectas en las locaciones de ambos hoteles y no hay vinculación a lavado de dinero de ninguna forma con la familia Kirchner", dijo el abogado defensor.
Causa cuadernos y desprendimientos
La causa de los cuadernos es tal vez la más relevante y salió a la luz tras una investigación publicada en el periódico argentino La Nación que denunciaba a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita que presuntamente operó entre 2003 y 2015.
Centeno, que se acogió a beneficios penales en el marco de la ley del arrepentido, declaró a la justicia que había incinerado los cuadernos, de los que hasta ahora se conocían solo fotocopias.
Pero el 23 de octubre el periodista de La Nación anunció que un desconocido le había entregado lo que parecían ser los cuadernos originales y él los puso a su vez en manos del fiscal del caso.
Esos procesos investigan, entre otras cosas, el uso de aviones oficiales para enviar diarios y otros objetos desde Buenos Aires a la sureña provincia de Santa Cruz, la tenencia de documentos históricos por parte de Fernández, entre ellos una carta del general San Martín a O'Higgins que fue obsequiada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y supuestos otorgamientos irregulares de subsidios a empresas ferroviarias y de autobuses.
