"Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile, parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de las Naciones Unidas", informó Bachelet a través de su cuenta de Twitter.
Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights.
— Michelle Bachelet (@mbachelet) 24 октября 2019 г.
El anuncio de Bachelet fue hecho luego de que el canciller chileno, Teodoro Rivera, realizara una conferencia de prensa informando que el presidente Sebastián Piñera se comunicó con la oficina de la alta comisionada para "invitarla a que traiga a Chile personas que puedan constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales".
"Es importante que las personas tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, porque eso hace bien a la democracia y a los derechos fundamentales", dijo Rivera.
Además, anunció que la invitación también se extenderá a José Luis Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Son 30 años
Las movilizaciones comenzaron el 14 de este mes en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, donde cientos de estudiantes y trabajadores saltaban por encima de los torniquetes de pago del tren subterráneo en las llamadas "evasiones masivas".
Ese fin de semana surgió la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.
Estalla el mito chileno y su pinochetismo neoliberal https://t.co/6pXZ35huKw
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 24, 2019
A pesar de que lo novedoso de estas movilizaciones es que no tienen un listado taxativo de exigencias, ni dirigentes ni organizaciones que la lideren, en la calle se pueden escuchar algunas de las principales demandas de la ciudadanía.
La primera respuesta del presidente Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.
Presidente de #Chile asegura que su país está "en guerra"@sebastianpinera
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 21, 2019
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#⃣ #ChileProtests
El Estado de Emergencia es la medida que faculta al Gobierno a desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, cuya presencia ha generado rechazo y una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Además reveló una denuncia de la existencia de un posible centro de torturas clandestino en la estación subterránea de Metro Baquedano en el centro de la capital, cuyos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía para su investigación.
En total han fallecido 18 personas en el contexto de las protestas, según cifras del Gobierno, cinco de ellas provocadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.
