"Quisiera resaltar que mi oficina toma cualquier alegación de abuso de la institución del asilo muy seriamente (...) si hubiera información disponible sobre este caso, que no hubiera sido considerada de manera adecuada por las autoridades competentes, esta será tenida en cuenta y analizada cuidadosamente", afirmó ACNUR en una carta enviada al canciller paraguayo Antonio Rivas, que fue difundida por el diario Última Hora.
El representante regional ACNUR, Juan Carlos Murillo, se reunió el 21 de octubre con el canciller Rivas por el caso de los tres ciudadanos, Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.
En esa reunión Murillo entregó la respuesta sobre la protesta de Paraguay ante el organismo internacional.
ACNUR en otras oportunidades, bajo el argumento del principio de confidencialidad del derecho internacional de refugiados, evitó dar información pública referente a la ayuda que recibieron Arrom, Martí y Colmán.
Murillo se limitó a decir ante la prensa que no está autorizado a referirse a casos individuales y que el ACNUR recolectará los datos pertinentes para compartir con los Estados.
El Gobierno de Paraguay criticó el 9 de octubre a Uruguay por permitir la salida de su territorio de Arrom, Martí y Colmán, así como a Finlandia por haberlos recibido y haberles facilitado documentos especiales.
Rivas dijo el 16 de octubre que la justicia de Uruguay se basó en un criterio político para dar refugio a tres militantes de izquierda paraguayos.
La Corte IDH divulgó a principios de junio una sentencia unánime en la que desliga de responsabilidades al Estado paraguayo de acusaciones de violación a los derechos humanos de los militantes del movimiento político Patria Libre (izquierda).
En diciembre de 2003 los militantes obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil, que fue dejado sin efecto por el actual Gobierno de Jair Bolsonaro.
El 8 de octubre, Arrom, Martí y Colmán salieron de Montevideo con destino final a Helsinki.
