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La lucha por la basura en México: recicladores temen la privatización

© AP Photo / Charles KrupaBasura para reciclar
Basura para reciclar - Sputnik Mundo
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La iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para modificar la ley de residuos sólidos causó el rechazo de las organizaciones de clasificadores y recicladores mexicanos, quienes denuncian un interés espurio y no una genuina preocupación por el medioambiente.

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Actualmente, 6 millones de personas en México participan en alguno de los eslabones que conforman la cadena productiva de la industria del reciclaje, según Francisco Urióstegui, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), que conversó con Sputnik. 

Esa cadena incluye desde el trabajo primario realizado por los recolectores y separadores de rellenos sanitarios o el "perifoneador" que compra de manera ambulante los electrodomésticos que han quedado en desuso, hasta los pequeños almacenes y centros de acopio del material reciclado, para llegar a los mayoristas, encargados de transformar esa basura clasificada. 

"No nos han tomado en cuenta a ninguno de nosotros, jamás voltearon a vernos ni nos consultaron sobre esta ley que promueven quienes no conocen nada de reciclaje", reclamó Urióstegui. 

Conimer tiene afiliados en 26 de los 32 estados de la República mexicana con "tres generaciones" de familias de clasificadores que han hecho este trabajo por décadas y que ahora corren peligro de desaparecer, según la organización. 

¿Qué causó el conflicto de la basura en México?

El Partido Verde Ecologista de México propuso la modificación de dos artículos, el 7 y el 9 de la Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos —sancionada en el año 2003— para que se permita la participación del Gobierno Federal en el sistema, así como la facultad para los gobiernos estaduales para "incorporar los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía".

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Urióstegui explicó que este cambio fue votado en la Cámara de Diputados el 2 de octubre, "una fecha histórica para todos los mexicanos" en un conjunto de 60 dictámenes: "el nuestro se encontraba ahí con una leyenda que decía 'se sugiere votar a favor'".

"Con el pretexto del cambio climático, vieron la oportunidad de enriquecerse y empoderar más a los privilegiados de siempre", señaló el presidente de Conimer, quien agregó que originalmente la ley ponía en los municipios la responsabilidad de la gestión pública de la basura, algo que hicieron parcialmente. Pero entre los años 2013 y 2018, el Partido Verde Ecologista empezó a promover distintas modificaciones a la ley, seis en total, que confluyeron en la última del 2 de octubre, que desató el conflicto.

"El Partido Verde empezó a adecuar esta ley porque su intención es construir 96 mega plantas en el país para atraer inversión extranjera y adueñarse del control de todos los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial", criticó.

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Tras las protestas en el Palacio Nacional —sede del Gobierno Federal— y en el Senado que realizaron en los días posteriores a la aprobación de estas modificaciones, se abrió una mesa de trabajo con los inconformes en la Cámara de Diputados, que tuvo su primera reunión el pasado martes, 15 de octubre.

"Le dije al presidente del Partido Verde, Carlos Puente Salas, en la primera mesa de trabajo, que no conocen nada de reciclaje, porque los países que van a la vanguardia como Suecia, aprovechan el 99% de sus residuos, la clave es el reciclaje. Eso es lo que ha dado resultado", afirmó Urióstegui. 

¿Qué puede pasar con el cambio en la gestión de la basura?

La principal preocupación de los recicladores actuales es que las modificaciones a esta ley no contemplan a los trabajadores que hoy forman parte de la cadena productiva de la industria del reciclaje.

"Propusimos que, en uno de los incisos del dictamen para modificar la ley, se explicite que las concesiones a los inversionistas para generar biogás a partir de la basura se harán respetando la cadena productiva del reciclaje, pero no lo aceptaron", contó el presidente de Conimer. 

Por otra parte, dijo que estas modificaciones van a promover prácticas monopólicas en el sector, encareciendo los precios del material reciclado. 

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"Nosotros hoy proveemos de materia prima a la industria automotriz y a la de la construcción, ambas se van a ver afectadas. También las empresas que trabajan con plástico porque los concesionarios van a tener el control absoluto y monopólico, entregado a privados con la excusa de no tener presupuesto ni infraestructura pública en los municipios", sostuvo Urióstegui.

"Esos concesionarios monopólicos y los Gobiernos de los estados van a poder poner el precio de venta de los materiales reciclados que quieran; así como elegir venderlo a quienes ellos quieran, encareciendo los productos finales. El costo de esta reforma lo vamos a pagar todos los mexicanos, no sólo los recicladores", concluyó.

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