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Servidores Públicos de Ecuador acuerdan con Gobierno sobre reformas laborales

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QUITO (Sputnik) — Los servidores públicos de Ecuador y el Gobierno de Lenín Moreno llegaron a un acuerdo para no incluir en las reformas laborales que irán al legislativo aspectos que les afectan directamente, informo a Sputnik un dirigente del sector.
"El miércoles [16 de octubre] en una reunión a la que asistieron el presidente, vicepresidente de la República, el ministro de Trabajo y la ministra del Interior y representantes de diversos sectores sociales, se llegó a un acuerdo en puntos vitales que no serán incluidos en las reformas laborales que enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional", dijo Remigio Hurtado, presidente de la Conasep.

La Conasep (Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador) agrupa a 597.230 servidores públicos, incluidos unos 84.500 militares, policías y miembros de la Fuerza Aérea.

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Entre los acuerdos está dejar sin efecto la decisión de Moreno de reducir las vacaciones anuales de los servidores públicos de 30 a 15 días, así como eliminar el aporte mensual de un día de sueldo de parte de los servidores públicos.

Hurtado dijo que si bien Moreno no ha acudido a despidos masivos de servidores públicos, en el 80% de los casos cuando alguien se jubila o renuncia a un cargo elimina esas partidas, excepto para los médicos y maestros.

Los servidores públicos plantean que no se eliminen esas partidas, sino que se cubra con nuevo personal.

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Hurtado añadió que los acuerdos que se están alcanzando con diversos sectores sociales son una muestra de que "las soluciones de parte deben ser oportunas", en referencia a las protestas que durante 12 días sacudieron al Gobierno de Moreno, en respuesta a su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles.

Entre el 2 y el 13 de octubre, durante las protestas, hubo saqueos, destrucción de bienes, vandalismo, ataques a dos medios de comunicación y una serie de hechos violentos sin precedentes en la historia del país, sobre todo en Quito, pero también en otras ciudades como Cuenca (sur) y en varias poblaciones de la serranía.

Como parte del proceso investigativo de esos hechos, la Fiscalía de la Nación ha realizado allanamientos a domicilios y a la prefectura de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

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Al momento, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), está detenida preventivamente en la cárcel de la ciudad de Latacunga (centro).

Ella y otras personas están siendo investigadas por el presunto delito de rebelión.

En las jornadas de protesta, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, fallecieron ocho personas y 1.340 personas resultaron heridas.

La Defensoría no ha podido determinar si las muertes fueron accidentales o provocadas por la represión de la fuerza policial.

El 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo anunció que conformaría una comisión especial para que investigue posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas, así como los actos de violencia y vandalismo.

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