"La señora Pabón está en Latacunga", dijeron las fuentes.
La funcionaria, que pertenece al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), tiene una orden de prisión preventiva, dictada por un juez local dentro de la instrucción fiscal que se le sigue por el presunto delito de rebelión por los hechos violentos registrados durante las protestas que afectaron por 12 días al gobierno de Lenín Moreno, tras su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles.
Como parte de las investigaciones de los sucesos de violencia durante las protestas, la Fiscalía de la Nación en operativos con la Policía allanó viviendas de dirigentes del movimiento político del expresidente Rafael Correa y la sede de ese movimiento.
De acuerdo con la legislación vigente, quien realice acciones violentas con el objetivo de derrocar a un gobierno legítimamente constituido puede ser sancionado con cárcel de 5 a 7 años.
Durante las protestas contra el gobierno de Moreno hubo saqueos y destrucción de bienes, vandalismo y una serie de hechos violentos sin precedentes en la historia del país, sobre todo en Quito, la capital de la nación, pero también en otras ciudades como Cuenca, al sur de Ecuador, y en varias poblaciones de la serranía.
El abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, sin embargo, sostiene que no existen pruebas de las acusaciones que se le imputan a Pabón.
Al momento, 7 personas vinculadas al movimiento político del expresidente Correa, incluida la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se encuentran en la Embajada de México en Quito, en calidad de protegidos, aunque no se ha aclarado por qué pidieron protección en esa sede diplomática ya que contra ellos no existe ningún proceso legal.
En las jornadas de protesta, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, fallecieron 8 personas y 1.340 personas resultaron heridas.
La Defensoría no ha podido determinar si las muertes fueron accidentales o provocadas por la represión de la fuerza policial.
