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Abogado de Correa: Gobierno ecuatoriano vigila y persigue a líderes de izquierda

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador lleva a cabo actividades de inteligencia para vigilar y perseguir a líderes del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con detenciones y allanamientos, además de acosar a la embajada de México, que brindó refugio a algunos asambleístas en Quito, afirmó a Sputnik el abogado Fausto Jarrín.
"El Gobierno utiliza la inteligencia del Estado para hacerle seguimiento a los asambleístas; se autorizó por orden de un juez escuchas telefónicas a autoridades electas por el voto popular, quienes desde el ocho de octubre recibieron un seguimiento permanente", afirmó Jarrín, quien es abogado de Correa y brinda asesoría legal al partido del exmandatario Revolución Ciudadana.

Desde el 14 de octubre se realizaron siete allanamientos relacionados con el partido y una detención, tras las protestas masivas que enfrentó el Gobierno por 12 días luego de eliminar el subsidio al combustible, entre otras medidas económicas decretadas.

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Los domicilios de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el del exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, fueron allanadas por la policía, al igual que las viviendas de otras cinco personas, y la funcionaria de la provincia del norte del país fue detenida.

Pabón había sido acusada por el Gobierno del presidente Lenín Moreno de ser una de las instigadoras de las protestas, que en muchos casos derivaron en violencia, saqueo y destrucción de bienes.

La policía también allanó el 15 de octubre la sede de Revolución Ciudadana.

Acoso a la embajada mexicana

El Gobierno de México dio refugio el 14 de octubre en su embajada en Quito a seis personas vinculadas a Revolución Ciudadana.

Jarrín sostuvo a Sputnik que existe un "ataque comunicacional" contra la embajada mexicana en Ecuador y que las fuerzas del orden la están "acosando".

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"Se han apostado motos, patrulleros, vehículos de inteligencia alrededor de la embajada; hay seguimiento permanente, no me llamaría la atención que se estén realizando escuchas ilegales, filmación de ingresos, verificación de personas que entran y salen", expresó.

Sostuvo que el 13 de octubre hubo un "fuerte dispositivo policial" circulando cerca de la residencia del embajador mexicano en Ecuador.

"Cuando hablo de acoso, me refiero a la Policía y a estructuras tanto de la inteligencia civil como castrense; en Ecuador hay una estructura que forma parte del Ejecutivo, que se llama Centro de Inteligencia Estratégica, que está a disposición del Ministerio de Gobierno", explicó el abogado.

¿Independencia del Poder Judicial?

El delito por el que acusan a los dirigentes de Revolución Ciudadana es el de rebelión, que conllevan penas que van desde los cinco a 10 años.

Jarrín dijo que el delito de rebelión es "grave" porque significa la organización de un grupo de personas con la intención de subordinar el orden constitucional.

"Lo que plantea la Fiscalía es aberrante, por eso la audiencia se hizo de forma reservada, sin público; lo que nos llamó la atención es que la fiscal del Estado, a pesar de que no había sido llamada a asistir a esa audiencia, fue en calidad de público; eso fue una forma clara de generar presión sobre el juez", señaló.

Afirmó que magistrado se tardó cuatro horas en tomar una resolución a pesar de que debía decidir él solo.

"Tenemos razones más que fundadas para pensar que en esas cuatro horas la presión generada por la fiscal general y de otros niveles terminaron dejando en prisión preventiva a Pabón y a González", agregó.

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Incluso la Fiscalía hizo públicos con "absoluta irresponsabilidad" los documentos de Pabón y del integrante de Revolución Ciudadana Christian González, afirmó Jarrín.

"En las fotos se ven libros, banderas, teléfonos celulares, que de ninguna manera pueden significar financiamientos a una organización armada dentro del país para subvertir el orden constitucional", agregó.

Señaló que los militantes de Revolución Ciudadana están con "miedo" de terminar presos y por eso cierran sus cuentas en redes sociales.

"Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con agentes encubiertos, sin placas, que están haciendo seguimiento de las casas, familias, de muchos líderes de Revolución Ciudadana (...) Los asambleístas están tan asustados que cierran sus cuentas por las dudas para que no los metan presos", afirmó.

Los casos

Jarrín afirmó que desde el comienzo del Gobierno de Lenín Moreno se iniciaron 26 procesos penales contra Correa y existen más de 300 procesos administrativos disciplinarios contra funcionarios de la antigua administración, una muestra del enfrentamiento entre ambos políticos y sus sectores.

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Además, el exvicepresidente Jorge Glas está preso, y la exasambleísta ecuatoriana, Sofía Espín, que está asilada en Bolivia, tiene una orden de prisión, explicó Jarrín.

Señaló que el excanciller Ricardo Patiño tiene una orden de prisión y es acusado de instigación y que el asambleísta Yofre Poma es señalado por asociación ilícita en el marco las protestas que ocurrieron en las últimas semanas en Ecuador.

También son acusados por la justicia Pabón, González, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, la exministra de Vivienda María de los Ángeles Duarte y la asambleísta Viviana Bonilla.

"Tenemos alrededor de 30 exministros sometidos a procesos penales, existen alrededor de 300 procesos administrativos disciplinarios contra distintas autoridades del Gobierno de Rafael Correa y tres asambleístas se encuentran refugiados en la embajada de México en Ecuador, lo que muestra el grado de persecución que sufre Revolución Ciudadana", agregó.

Desde el 2 de octubre, Ecuador se vio convulsionado por una serie de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, además de otras reformas financieras y laborales, decretadas por Moreno el día anterior.

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El domingo 13, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas que encabezaban las protestas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las manifestaciones anulando el decreto que eliminaba el subsidio al combustible.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y el 13 de octubre, ocho personas murieron, 1.340 resultaron heridas y 1.192 detenidas, en el marco de las movilizaciones; también fueron heridos 94 policías.

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