El Acnudh ha constatado en México que en la gran mayoría de las ocasiones en que acontecen dichas violaciones, "las víctimas son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza".
La ONU "suscribe" lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto, que debe votarse en el Congreso, por el que se expide la Ley de Amnistía, la cual hace referencia a estadísticas y evidencias disponibles para señalar que "existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas".
Asimismo, la oficina nacional que encabeza el representante permanente del Acnudh, Jan Jarab, coincide con dicha exposición de motivos en cuanto a "la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas".
Adicionalmente, desde la ONU, los expertos en derechos humanos han abogado por un uso razonable de la pena de prisión.
Las llamadas Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad de la ONU, conocidas como las "Reglas de Tokio", señalan que "se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, a través de la aplicación de medidas no privativas de la libertad"
Consideraciones y recomendaciones
Por lo anterior, la oficina de Bachelet en este país considera que la expedición de una Ley de Amnistía "es un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia".
La ONU expone nueve consideraciones y cuatro recomendaciones en las que alienta al Congreso reconsiderar y reformular algunos pasajes del proyecto.
En primer lugar, recomienda "reconsiderar los supuestos de aplicación de una Ley de Amnistía, ampliando dicha aplicación a personas que hubieren sido procesadas o sentenciadas bajo figuras penales tendientes a castigar el ejercicio de ciertos derechos y libertades".
Ese punto incluye a personas que cuenten con resoluciones de algún organismo internacional o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por "violaciones al debido proceso que hubieran trascendido al fallo judicial".
La tercera recomendación es "reformular y establecer con mayor claridad la forma en que procederá la amnistía, reconsiderando a las instancias responsables de la aplicación de la ley y definiendo las reglas generales de operación".
Finalmente, indica la necesidad de impulsar cambios legislativos con el objetivo de "derogar tipos penales que violan o podrían vulnerar los derechos humanos"; reformar los que han conducido al "uso abusivo del encarcelamiento"; y derogar figuras que han conducido a la "utilización excesiva de la privación de la libertad", que han afectado en particular a personas en situación de pobreza.
