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El Gobierno español no concederá indultos a los políticos catalanes

© REUTERS / Albert Gea'Estelada', bandera de Cataluña en un balcón en Barcelona
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MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España no contempla conceder un indulto a los líderes catalanes condenados por el Tribunal Supremo, según explicó en una entrevista con Sputnik la ministra española de Hacienda María Jesús Montero.

"El presidente Pedro Sánchez fue extraordinariamente claro, la sentencia se acata. El Gobierno no se plantea un indulto", señaló Montero.

"No contemplamos el indulto, una vez pronunciado el Tribunal Supremo, el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que se cumplan la sentencia", incidió la ministra.

Ante esta situación, la mandataria destacó la necesidad de que todas las fuerzas políticas muestren su apoyo al Gobierno.

"Después de esta sentencia, apelamos a las fuerzas políticas a que estén del lado del Gobierno", señaló Montero, resaltando que, con este propósito, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "iniciará una ronda de conversación con todos los líderes políticos de este país, para trasladarle serenidad, firmeza, proporcionalidad y coherencia".

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"Esperemos que por una vez, las fuerzas políticas dejen al lado el interés partidista y todos a una por el bien de España", añadió Montero.

En ese sentido, la ministra española señaló que Madrid tiene preparada una "respuesta racional, proporcionada y coherente" tanto ante la posibilidad de desórdenes públicos por la publicación del fallo como ante un eventual desacato por parte de las autoridades catalanas.

"Estamos preparados para ser proporcionales en la respuesta que se plantee sobre todo por parte de grupos independentistas, controlados o incontrolados. Nuestro deseo es que esto transcurra en un clima de concordia y que podamos pasar página definitivamente de un episodio que ha sido muy doloroso para el conjunto de los catalanes y españoles", aseveró.

Imagen de Cataluña

Asimismo, Montero afirmó que el Gobierno de España considera que los episodios de violencia y desorden vividos en Cataluña tras conocer la sentencia contra los líderes catalanes "no favorece su imagen internacional".

"Una situación de desorden en las calles o lugares públicos, no favorece la imagen internacional de Cataluña; creo que es el conjunto de las autoridades y ciudadanos los que tendremos que ser conscientes", explicó.

Montero señaló que espera que "en el futuro" se pueda empezar a hablar de "cómo restauramos las heridas que se abrieron para seguir avanzando".

"El objetivo es que todos los actores de Cataluña, incluido el Gobierno catalán, trabajen para el interés general. Lo más importante es tener actitud, y espero que podamos pasar página de este triste episodio de la historia de Cataluña y la historia de España", acotó la ministra.

Respecto a la reacción internacional, Montero resaltó que todos los países, cuando se ha transmitido la realidad de la situación de Cataluña, "la han condenado".

"No van a permitir ni le darán aliento a los grupos independentistas. Desde la UE se advirtió muy seriamente que la escisión de un territorio tendría serias dificultades en la integración de la UE", apuntó la ministra, que agregó que "esto significa que todos los países comprenden el desafío al que se ha enfrentado España y que puede ocurrir en otras partes del mundo".

Diálogo dentro de la ley

Montero también aboga por el diálogo entre el Gobierno español y las autoridades autonómicas de Cataluña tras la sentencia.

"Siempre hemos querido el diálogo dentro de la ley, ya que es evidente que en este país funciona el Estado de derecho. Y eso es algo que se consolida con esta sentencia", explico a Sputnik.

La ministra evitó pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva aplicación del artículo 155 para intervenir las instituciones catalanas si las autoridades autonómicas dan una respuesta que se sitúe al margen de la legalidad.

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A su modo de ver, el fallo del Tribunal Supremo demuestra que "en este país la democracia está consolidada".

En cuanto a las críticas por parte del independentismo —que calificaron el proceso judicial como un juicio contra sus ideas políticas— Montero respondió que "el Estado de derecho actuó porque esas personas se saltaron la ley, algunas veces con conocimiento, porque no es posible la independencia de una parte del territorio español".

"Esta sentencia es la consecuencia de que la ley es igual para todos los ciudadanos. Y por tanto, independientemente de la posición que cada uno ocupemos, todos somos personas que nos debemos a un orden legal previamente establecido. No podemos quebrantar las normas de convivencia que nos hemos dotado el conjunto de los catalanes y de los españoles", añade la ministra.

Además, Montero aprovechó la ocasión para destacar que "España es un Estado muy descentralizado", pero al mismo tiempo recordó que "como en los países de nuestro entorno, no existe un supuesto derecho a la autodeterminación" sino que "la Constitución reconoce la inviolabilidad del territorio", por lo que lo que cualquier intento de secesión se encuentra fuera de la legalidad.

Euroorden contra Puigdemont

La ministra espera que la nueva orden de detención europea e internacional contra Puigdemont prospere.

"Si hay personas que por el mismo delito permanecen en la cárcel y todavía tienen condenas que cumplir, no se entiende que hayan personas que corran una suerte distinta porque se hayan fugado de la justicia", dijo Montero.

Ante esta situación, la ministra espera que la euroorden "pueda abrirse camino y se pueda juzgar a todos aquellos que participaron en el procedimiento del 1 de octubre".

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El Supremo dictó el 14 de octubre una nueva orden de detención europea e internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de sedición y malversación, los mismos por los que fueron condenados los demás líderes responsables del proceso independentista.

El Tribunal Supremo anunció el 14 de octubre las condenas contra los líderes independentistas catalanes por el proceso político que llevó a la convocatoria del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia que no llegó a ser aplicada.

La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.

Del mismo modo, fueron condenados por sedición en distintos grados —con penas de 9 a 12 años de prisión e inhabilitación— otros cinco antiguos integrantes del Gobierno catalán, además de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

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Otros tres exintegrantes del Gobierno catalán fueron condenados a una multa de 200 euros diarios durante 10 meses por un delito de desobediencia.

Las penas establecidas por el Tribunal Supremo suman un total de 99 años y 6 meses de cárcel.

Esta sentencia provocó numerosos disturbios el 14 de octubre en todo el territorio catalán, con cortes de tráfico, vías de tren y hasta la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, aunque este 15 de octubre se recupera la normalidad.

Los disturbios se saldaron con varios enfrentamientos con la Policía y un saldo de más de 130 heridos, según el sistema de emergencias médicas.

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