"La Comisión Específica de Investigación que fiscaliza las actuaciones de la CICIG continúa las audiencias públicas, hoy [el 8 de octubre] acude ante la Comisión Francisco Valdés Paíz, involucrado en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg", publicó el Congreso en su cuenta oficial de la red social Twitter.
La Comisión Específica de Investigación que fiscaliza las actuaciones de la CICIG continúa las audiencias públicas, hoy acude ante la Comisión Francisco Valdés Paíz, involucrado en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. pic.twitter.com/NBv7iOYgt4
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) 8 октября 2019 г.
El presidente de la Comisión fiscalizadora, Juan Ramón Lau, declaró que todavía no fueron notificados oficialmente sobre la resolución de la CC, por lo que continuará su trabajo, aunque solo se presentaron tres de los cinco integrantes.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres calificó de importante el fallo importante de la CC respecto a lo que denominó "comisión anti-CICIG".
"Ahora más que nunca, es crucial que las instituciones guatemaltecas apoyen a la lucha contra la corrupción y desistan de intentos de revertirla", publicó la representante demócrata en sus redes sociales.
El diputado guatemalteco Fernando Linares Beltranena, promotor de la Comisión, insistió en que "la CICIG comenzó bien, pero después se sesgó para hacer activismo político de izquierda porque no tocaba, por ejemplo, de diputados de izquierda".
La comisión legislativa fue instalada el pasado 24 de septiembre y tenía hasta el 10 de enero de 2020 para, entre otras atribuciones, determinar si hubo acciones ilegales o arbitrarias de la CICIG que atentaran contra derechos básicos de los guatemaltecos.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, afirmó durante su intervención ante el 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU que la Secretaría General del foro internacional vulneró la autodeterminación en su país a través de la CICIG.
En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo altos mandos.
Con la llegada de Morales al Ejecutivo, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.
