De acuerdo a O'Grady, "el golpe de Estado de Vizcarra pone en peligro las instituciones políticas del Perú, además de amenazar su economía". En las últimas décadas ha realizado importantes progresos económicos: el crecimiento real del producto interior bruto ha sido en promedio superior al 4,7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza ha caído por debajo del 22% en 2018, en comparación con el 59% en 2004.
No obstante, los seguidores de Vizcarra ven la situación de una manera distinta. En su opinión, el cierre por parte del presidente de una rama del Gobierno está justificado porque la democracia se ha vuelto disfuncional. En julio, convocó unas elecciones generales anticipadas que el Congreso acabó rechazando.
Las diferencias entre el poder legislativo y el ejecutivo en Perú han sumido al país en una profunda crisis política.
El Congreso, controlado por la oposición, no aceptó estas decisiones y calificó la situación de golpe de Estado y suspendió al presidente.
Sin embargo, el mandatario de momento parece conservar el poder visto el apoyo del que goza, aunque el asunto puede llegar al Tribunal Constitucional. La separación de poderes, tan crucial para la democracia, está en peligro, destaca la autora del artículo.
"Muchos partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Un hombre fuerte que se consolida en el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el derecho y deshacer una elección no es la cura contra la corrupción", concluye.