El fiscal "pidió la suspensión del decreto de las indemnizaciones", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
La medida firmada por Macri, publicada el pasado 1 de octubre, reduce los montos que recibe cada trabajador por invalidez o su familia por fallecimiento como consecuencia de un accidente en el trabajo.
El fiscal de Vedia concluyó que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas vedadas por el artículo 99 de la Constitución, "toda vez que las genéricas manifestaciones expresadas en los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna".
La modificación se debe a que "el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las aseguradoras (de riesgos de trabajo", según reza el DNU.
De Vedia observó que la "aplicación de la tasa Ripte disminuiría notablemente las indemnizaciones".
El texto del decreto pareciera "intenta dar primacía a los intereses de las empresas aseguradoras por sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores accidentados en ocasión del trabajo", añadió el representante del Ministerio Público Fiscal.
"Las disposiciones del derecho laboral se deben caracterizar por el espíritu 'protectorio' en favor del más débil de la relación", añadió en su resolución.
El fiscal también rechazó el carácter retroactivo del DNU, por lo que "resulta imperioso recordar que en nuestro sistema jurídico las leyes no pueden ser retroactivas excepto que así lo diga la propia norma", advirtió.
Macri aspira a revalidar su cargo durante cuatro años más en las elecciones generales del próximo 27 de octubre.