"(Los narcotraficantes) ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable de que hayan sido extraditados y estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos", aseguró el jefe de Estado hondureño en un mensaje a la nación.
Este pronunciamiento llega en medio de informaciones, achacadas al fiscal neoyorquino Jason Richman, sobre el presunto pago de un millón de dólares en sobornos hechos llegar por el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán al presidente de Honduras, a través de Juan Antonio Hernández.
"Me pregunto, ¿quiénes son los más interesados en desacreditar y desestabilizar al único gobierno que ha atacado al narcotráfico, que ha enfrentado a los policías corruptos y que se ha ido de frente contra el crimen organizado?", expresó el presidente en su comparecencia.
El presidente renovó su compromiso de luchar frontalmente contra el crimen organizado, sin importar las consecuencias personales, a riesgo incluso de su vida, y reiteró que fue víctima de atentados y de una "campaña sucia de desprestigio".
En agosto, Honduras vivió una ola de protestas iniciada por los manifestantes que exigían la renuncia del presidente Hernández, acusado de "usurpador" tras una reelección que sus opositores calificaron de fraudulenta.
Las manifestaciones se desencadenaron en vista de señalamientos de la Fiscalía de Nueva York sobre un supuesto complot encabezado por Hernández para llegar al poder con dinero del narcotráfico.
En documentos judiciales desclasificados el 2 de agosto aparece un hombre llamado "co-conspirador 4" (CC4) que participó supuestamente en un acuerdo para usar 1,5 millones de dólares provenientes del narcotráfico para impulsar su campaña presidencial y es identificado como "el presidente electo de Honduras a finales de 2013", año en que Hernández ganó su primer periodo de gobierno.
