"El cierre es inconstitucional porque no se cumplen los presupuestos del artículo 134 de la Constitución. Ese dispositivo dice que el Congreso podrá ser disuelto sólo cuando deniegue la cuestión de confianza a dos gabinetes y aquí lo que se ha producido es que el Congreso le ha dado la confianza al gabinete (del primer ministro, Salvador) Del Solar", afirmó García Toma.
La cuestión de confianza es un instrumento constitucional en Perú por el cual el Poder Ejecutivo pide el apoyo expreso del Poder Legislativo en políticas; si el Congreso censura o niega la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el mandatario queda facultado para la disolución del parlamento y la inmediata convocatoria a elecciones.
El Ejecutivo planteó la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que modificaba el modo en que el parlamento elige a los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
En su anuncio sobre el cierre, Vizcarra afirmó que consideraba que el Congreso, en el pleno celebrado este lunes, había denegado de manera "fáctica" la confianza al Gabinete.
El expresidente del TC, García Toma afirma que el Congreso había otorgado la confianza al Ejecutivo en el pleno celebrado en la tarde, por lo que la decisión de Vizcarra es viciada en tanto se ha dado posteriormente a la decisión del parlamento.
"Acá no hay nada fáctico, acá hay una decisión tomada por el Congreso (dar la confianza) que seguramente mañana se configurará en una resolución legislativa. Ha habido una sesión televisada en la que el Congreso ha votado y le ha dado la confianza y con anterioridad a la disolución", dice el constitucionalista.
El Congreso procedió a la votación de los miembros del TC antes de debatir la cuestión de confianza.
Para García Toma, el mandatario está "interpretando" la cuestión de confianza al hacer eso, lo que invalida su decisión.
Por otro lado, en este panorama el experto indica que lo que corresponde es que el Congreso promueva la destitución del presidente.
"El Congreso seguramente va a promover una destitución por infracción a la Constitución, salvo que el presidente se rectifique, pida disculpas o diga que se ha equivocado para dar por superado el incidente. El cargo que se le debe imputar es haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso", indica García Toma.
Asimismo, indica que el Decreto Supremo que debe emitir el jefe de Estado debe ser aprobado por sus ministros y advierte de las "graves consecuencias judiciales" de apoyar la decisión presidencial.
