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Expresidente de Tribunal Constitucional critica propuesta de OEA para crisis en Perú

© AP Photo / Moises CastilloLogo de OEA
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LIMA (Sputnik) — La propuesta de la OEA para que sea el Tribunal Constitucional de Perú (TC) el que se pronuncie sobre la legalidad del cierre del Congreso de parte del presidente Martín Vizcarra es defectuosa, comentó a Sputnik el expresidente del TC (2012-2013) y abogado constitucionalista, Ernesto Álvarez.

"Es una (propuesta) defectuosa porque no es la primera vez que la OEA hace una especie de rompecabezas al proponer una solución que busque satisfacer a ambas partes (Ejecutivo y Legislativo)", indica Álvarez.

En un comunicado difundido por la OEA, se afirma que sea el TC quien deba "pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas" en Perú.

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A su vez, califica como un "paso constructivo que las elecciones (para votar a un nuevo Congreso) han sido llamadas (por el Ejecutivo) conforme a los plazos constitucionales".

Para Álvarez, la OEA está aceptando que existe un conflicto sobre la legalidad en el accionar de los dos poderes del Estado dentro de la crisis y este debe ser resuelto por el TC.

Sin embargo y a su vez, felicita la convocatoria de elecciones legislativas, una medida que sólo es legal si se considera que el Ejecutivo actuó de acuerdo a la Constitución.

"Si el TC resuelve este asunto en favor del Congreso, no habrían las elecciones legislativas que felicita (...) Esto es un error grueso y cualquier diplomático mandaría a redactar de nuevo ese comunicado", afirma el extitular del TC.

Sin embargo, Álvarez reconoce también aspectos positivos en lo que propone el organismo internacional.

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"Lo de la OEA es positivo porque reconoce la existencia de un conflicto suscitado por la presencia de dos personas que alegan tener la presidencia de la República, con distintas y contradictorias cartas de presentación", dice el abogado en referencia al presidente Vizcarra y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien juramentó como presidenta interina bajo el respaldo del parlamento.

Para Álvarez, el comunicado de la OEA "establece claramente el reconocimiento a dos posturas enfrentadas".

"Lo que ya debe haber es una demanda competencial presentada por la Comisión Permanente del Congreso (comisión encargada del parlamento luego de su disolución) al TC, en el que va a alegar el hecho de que el Ejecutivo ha invadido sus competencias incumpliendo el mandato constitucional", agrega el experto.

En esta demanda, sostiene Álvarez, la Comisión Permanente debería acusar a Vizcarra de haber considerado negar el respaldo del Legislativo sobre el proyecto de ley sobre el que invocó el mecanismo de la cuestión de confianza.

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La cuestión de confianza es un instrumento constitucional en Perú por el cual el Ejecutivo pide el apoyo expreso del Legislativo en políticas; si el Congreso censura o niega la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el mandatario queda facultado para la disolución del parlamento y la inmediata convocatoria a elecciones.

En este Gobierno, el Congreso ya había negado la confianza al Ejecutivo en 2017, por lo que hacerlo una segunda vez facultaba a Vizcarra a cerrarlo.

El Ejecutivo planteó la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que modificaba el modo en que el parlamento elige a los miembros del TC.

Vizcarra consideró denegada la confianza pues exigía que el Congreso atienda el mencionado proyecto de ley antes de que vea la elección del TC.

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El Congreso dio inicio a la elección del TC en la mañana y en la tarde se ocupó de debatir si daba la confianza, la cual otorgó, aunque para esa hora el jefe de Estado ya había considerado que la confianza había sido negada y procedía anunciar la disolución del Legislativo.

Para Álvarez, el presidente es susceptible de ser acusado de disolver el Congreso de manera inconstitucional, aunque apunta a que ese proceso se debe llevar en el TC, lo que tomaría al menos tres meses para que se resuelva.

Este tiempo prolongado en que se estaría a la espera, asegura el abogado, sería "terrible" para la estabilidad política de Perú, así como para su buen clima social y el bienestar de su economía.

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