"El Gobierno de España está bloqueando los rescates humanitarios en lugar de dedicarse a favorecerlos, que es lo que cabría de esperar de un Gobierno presuntamente progresista", afirma Íñigo Mijangos, el presidente de SMH.
El Aita Mari —un barco atunero reconvertido a nave de rescate— pidió permiso formalmente al Ministerio de Fomento el pasado 12 de septiembre para poner rumbo al Mediterráneo y participar en misiones de rescate de migrantes.
Sin embargo, el Aita Mari lleva semanas en el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) esperando la autorización del Gobierno de España, cuya respuesta consiste en solicitar una serie de trámites y permisos para —según denuncia Mijangos— ahogar en trámites burocráticos su intención de salvar vidas.
"El principal argumento que nos decían es que hacía falta un acuerdo previo con los centros de coordinación de Malta e Italia para tener garantías de que se permitirá el desembarco de las personas rescatadas. Es un requisito específico que se ha hecho ad hoc para nosotros al ser una embarcación con el propósito de hacer rescate", señala el presidente de SMH.
Salvamento Marítimo Humanitario @smhumanitario, la ONG propietaria del Aita Mari ha denunciado en rueda de prensa en #Donostia el bloqueo al que el Gobierno está sometiendo al barco pic.twitter.com/Eb4Bnjk9tL
— Javi Julio (@javijuliophoto) September 25, 2019
España realiza esta petición bajo la premisa de que Italia o Malta pueden volver a cerrar sus puertas a los barcos de rescate, como ya ocurrió en verano con el Open Arms.
"Es decir, el Gobierno español no se fía de que estos países cumplan sus obligaciones internacionales y nos piden tener acuerdos privados con ellos para poder rescatar gente", reflexiona Mijangos.
Esos acuerdos fueron presentados ante la Autoridad Marítima, que tardó siete días en formular una respuesta, consistente en solicitar aún más información sobre esos acuerdos.
Para Mijangos, el Gobierno de Pedro Sánchez está ofreciendo al Aita Mari un trato "totalmente excepcional" desde el punto de vista del derecho marítimo y, con ello, cree que España se convierte en cómplice de la política migratoria de la Unión Europea en el Mediterráneo, donde al menos 909 migrantes murieron sólo en lo que va de 2019, según datos de la ONU.
En su caso, admite que la retención del Aita Mari le provoca "impotencia, cabreo y mucha indignación", porque su organización cuenta con "un barco perfectamente actualizado y unas condiciones excelentes para navegación".
"Tenemos los medios para salvar vidas, pero no nos dejan", sentencia.
Pese a esa frustración, el presidente de SMH afirma que su organización no se plantea zarpar sin permiso de la Autoridad Marítima.
La negativa a zarpar sin permiso se debe, en primer lugar, a que la organización afrontaría multas millonarias que no puede cubrir, pero sobre todo a que SMH está convencida de que su labor está amparada por la ley.
"No contemplamos la desobediencia por una cuestión de pura coherencia, ya que nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de la ley a los Estados, y no podemos hacer lo contrario. Nosotros nos ofrecemos a evitar el sufrimiento de las personas dentro de la ley, pero de la ley bien interpretada", afirma.
Esa deriva dio lugar en agosto a la famosa crisis del Open Arms el pasado mes de agosto.
Ahora, a las puertas de nuevas elecciones, Mijanco reflexiona que la negativa a permitir zapar al Aita Mari puede evitar que Pedro Sánchez se vea envuelto en una situación similar, pero subraya que el coste es contribuir a que el Mediterráneo se convierta en una "fosa común".
