"No hay democracia sin derecho a la protesta, a la libertad expresión y el derecho a defender ese derecho; mis preocupaciones tienen que ver con el uso desproporcionado de la fuerza contra la sociedad civil", señaló la comisionada Flávia Piovesan durante una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, transmitida por la CIDH en su web oficial.
Tanto la CIDH como Amnistía Internacional criticaron entonces la decisión de Hernández, cuya renuncia reclamaron las miles de personas que salieron a las calles en esas fechas, acusándolo de fraude electoral.
En la audiencia, el comisionado Joel Hernández le recordó a los enviados del Gobierno hondureño la importancia de proteger la protesta social frente a actos de represión o violentos, pues el ejercicio de este derecho abre espacios democráticos para la deliberación de ideas.
Los enviados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cáritas Honduras y el Comité por la Libre Expresión, expresaron además su preocupación por aspectos del nuevo Código Penal que podrían atentar contra el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de prensa en la nación centroamericana.
El relator especial Edison Lanza anunció que la CIDH emitirá en breve un informe temático sobre protesta social con estándares precisos sobre estos temas, a partir del trabajo conjunto con la sociedad civil hondureña.
Unos señalamientos de la Fiscalía de Nueva York sobre un supuesto complot encabezado por Hernández para llegar al poder con dinero del narcotráfico desató dicha ola de protestas, unida a las reivindicaciones del sector educativo y de salud.
La renuncia de Hernández es reclamada por quienes lo consideran un "usurpador" por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.
