La última en pronunciarse ha sido España, país que ve con gran preocupación que el Gobierno de Boris Johnson pueda lograr un Brexit sin acuerdo.
Alrededor de 365.967 británicos viven en España, mientras que 180.000 españoles residen en la patria de Shakespeare. Por el momento, tanto Londres como Madrid se han pronunciado por respetar los derechos de estas personas. Sin embargo, hasta que no se firme un acuerdo de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, el destino de ellos es incierto.
Los esquemas planteados por ambos gobiernos difieren bastante entre sí, por lo que en última instancia, Madrid afirmó estar dispuesta a aplicar el principio de reciprocidad.
El artículo 2 del decreto real aprobado señala que si en dos meses las autoridades británicas no otorgan "un tratamiento recíproco" a ciudadanos y empresas españoles, "serán suspendidas las medidas reguladas" en el texto legal.
