"Siempre hay apertura a aquello", respondió Piñera ante la pregunta sobre su disponibilidad para rectificar su decisión ante el Acuerdo de Escazú, después de participar en la cumbre de acción climática que se realizó en la sede de las Naciones Unidas.
El acuerdo tiene por objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible", según su artículo 1.
"El acuerdo tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos para que Chile lo firme, por ejemplo, problemas de cesión de soberanía o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación", aseguró.
Asimismo, añadió que "todas las normas que Escazú exige a los países ya están contempladas en nuestra legislación, que tiene una institucionalidad ambiental poderosa con un Ministerio de Medio Ambiente, tribunales medioambientales y una Superintendencia de Medio Ambiente", sostuvo Piñera.
El Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en marzo de 2018 ha sido firmado por 17 países y su objetivo es garantizar los derechos ambientales, fortalecer la capacidad de cooperación en temas de medio ambiente y fomentar el desarrollo sustentable, con miras a minimizar los efectos del cambio climático.
El año pasado, el Gobierno del presidente chileno se negó a firmar el tratado regional sobre cambio climático de las Naciones Unidas, Acuerdo de Escazú, lo que generó sorpresa y rechazo de las organizaciones medio ambientales y de la oposición política, debido a que Chile y Costa Rica lideraron juntos las negociaciones para concretar el acuerdo.