Esta decisión se debe a que el TSJC "ve imposible" tramitar la recusación presentada por la defensa de Torra contra los magistrados de la sala que tenía que juzgarle por desobedencia.
Primero, Torra recusó al presidente del alto tribunal y a otra magistrada —Jesús María Barrientos y Mercedes Armas— que, según su opinión, no son imparciales por sus manifestaciones públicas contra los lazos amarillos.
El presidente de la Generalitat recurrió además la presencia del magistrado Carlos Ramos alegando que está "estrechamente vinculado" al Partido Socialista de Cataluña (PSC), dado que fue nombrado juez del tribunal a propuesta del Parlament y a instancias de esa formación política y destacó su "enemistad manifiesta" e "interés directo o indirecto" en la causa.
Torra debía sentarse en el banquillo el 25 de septiembre acusado de desobediencia por negarse a retirar la pancarta con el lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat y de otros edificios públicos de su competencia durante el período electoral, en el que la ley exige neutralidad a las instituciones.
En un auto emitido en junio, el TSJC afirmó que Torra mostró un "firme" propósito de "incumplir" o "retrasar" el cumplimiento del mandato de la Junta Electoral mediante distintas argucias aplicadas con una "voluntad decididamente obstativa".
En caso de ser encontrado culpable de desobediencia, Quim Torra podría ser castigado incluso con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le haría perder su actual posición de presidente de la Generalitat.
