Robles, que desempeñó el cargo durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue notificada de la resolución que "la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal (…), y sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial", indica el dictamen de la SFP.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que "la sanción impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva ética pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad".
La dependencia tiene más de 19.000 investigaciones en curso y ha sancionado a 2.434 funcionarios, a quienes impuso 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4.500 millones de pesos (231 millones de dólares).
Sandoval, encargada de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, reafirmó su compromiso de "acabar con la corrupción y la impunidad" en este país.
La titular de la SFP subrayó que "el cumplimiento de la exigencia social de erradicar el abuso del poder" es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Robles fue la primera mujer en convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), cuyo sucesor fue López Obrador, entonces su correligionario, con quien después protagonizó un enfrentamiento por un caso de corrupción que la llevó a renunciar en 2003 a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), y luego a abandonar esa formación histórica de las izquierdas mexicanas.
La detención de Robles es solo una de las piezas de un mecanismo de triangulación para malversar fondos con 'empresas fantasmas', subcontratadas por un grupo de 12 universidades públicas estatales firmantes de 73 convenios con 11 dependencias federales.
A partir de reportes de la Auditoría Superior de la Federación, entidad autónoma que responde al Congreso, en los años 2013 y 2014 se detectó un "modus operandi" que se repetía en casi una docena de entidades del Gobierno federal, sumando contratos por el equivalente a unos 400 millones de dólares.
Una investigación independiente anticorrupción publicada el 4 de septiembre de 2017 fue elevada ante los tribunales en septiembre de 2018, y llevó a la cárcel a Robles en forma preventiva, el 13 de agosto pasado.
