"Con la medida, que se llevará a cabo dos días a la semana, se pretende evitar la desocialización que comporta la soledad del interno", informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Las autoridades judiciales recordaron que Urdangarin (marido de la infanta Cristina de Borbón) se encuentra en una situación de aislamiento que no fue decidida por él mismo sino impuesta por la autoridad penitenciara.
Según la decisión del juzgado, esa situación de aislamiento continuado puede afectar la salud mental del sujeto, por lo que la concesión de permisos para realizar trabajos de voluntariado se erige como una medida compensatoria.
El voluntariado del cuñado del rey de España consistirá en jornadas de ocho horas de trabajo en una fundación religiosa en Madrid.
Urdangarin está condenado por dos delitos fiscales y por delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración en el marco del "caso Noós".
El Tribunal Supremo subrayó de manera específica que Urdangarin se aprovechó de "la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado" (el Rey Juan Carlos I) para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Según datos de instituciones penitenciarias, en lo que va de año cerca de 260 presos recibieron un permiso similar al de Urdangarin.
Sin embargo, distintas voces de sectores de la izquierda denunciaron este 17 de septiembre un trato de favor a Urdangarin por ser familiar del rey.
Por su parte, Yolanda Díaz, diputada de Unidas Podemos, afirmó que la decisión traslada a la ciudadanía el mensaje de que "la justicia no es igual para todos".
Pese a estas críticas, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, negó que los permisos de Urdangarin para abandonar la cárcel supongan un trato de favor.
"Es solo la aplicación de la normativa", dijo Marlaska en declaraciones a los medios de comunicación.
El ministro recordó que "todos debemos acatar" las resoluciones judiciales y pidió a los ciudadanos depositar su confianza tanto en la actuación de los jueces como de los responsables de instituciones penitenciarias.
