"La amenaza del genocidio persiste para los restantes rohinyás", cita la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) al abogado indonesio Marzuki Darusman, jefe de la Misión de Investigación.
En opinión de Darusman, Birmania "está faltando a su obligación de prevenir el genocidio, investigar el genocidio y promulgar leyes eficaces que penalicen y castiguen el genocidio".
Tras entrevistar a unas 1.300 víctimas y testigos presenciales, la Misión documentó extensos abusos en los estados de Rakáin, Chin, Shan, Kachin y Karen y elaboró una lista de más de 100 sospechosos de estar involucrados en genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos funcionarios birmanos.
Sidoti afirmó que "a lo largo de los últimos 60 años, los militares han destruido Myanmar, política y económicamente". Sus operaciones contra los rohinyás en 2017, por excepcionalmente intensas y brutales que hayan sido, son parte de un patrón más amplio de violencia militar extrema, según el experto.
"A menos que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tomen medidas efectivas ahora, esta triste historia está abocada a repetirse", advirtió.