El canciller Marcelo Ebrard resaltó en un comunicado el compromiso de su cartera para "ejercer con eficiencia y absoluta transparencia los recursos públicos, incluyendo aquellos destinados a la cooperación internacional".
El convenio facilita la práctica de auditorías y fiscalización de las operaciones realizadas con dinero público por el Fondo de infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe.
Conocido como "Fondo Mérida", esa instancia es la encargada de los 100 millones de dólares destinados a los tres países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), para "atender las causas que originan la migración" que México acordó contener junto a Estados Unidos.
El objetivo del acuerdo es fortalecer el uso eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos, mediante "un programa que marca un hito en las relaciones de México con los países beneficiarios de Centroamérica".
Desde la firma de una "declaración bilateral de principios" sobre desarrollo económico y cooperación, poco después del comienzo del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, México firmó con Estados Unidos una extensión de financiamiento al país por 2.000 millones de dólares.
Pero según otro reporte de la oficina de Ebrard, Estados Unidos no ha desembolsado la totalidad de los millones prometidos a México.
Hasta la fecha se han desembolsado 126 millones de dólares para micro financiamiento, y 800 millones para financiar dos proyectos de infraestructura en el sureste mexicano.
Uno de ellos es la construcción de una planta de gas natural licuado en el puerto petrolero de Salina Cruz, en costas del Pacífico de Oaxaca (sur).
Otros tres proyectos en proceso avanzado por un total de 330 millones de dólares son para sectores de energía renovable y agricultura.
Los proyectos de agricultura se ubican en los estados de Morelos (sur) y Yucatán (este) y representan una inversión de 30 millones de dólares.
México plantea que esos proyectos permitirán contener el flujo de migrantes.
Al mismo tiempo, ha desplegado 25.000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar la migración de indocumentados, que disminuyó un 70% desde la firma de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, el 7 de junio pasado.
