"La ayuda internacional, la agradecemos, pero hay que admitir que se declare o no desastre nacional la ayuda internacional es escasa, lenta y temporal, por lo tanto, bienvenida, pero si no es el esfuerzo de los bolivianos, no salimos adelante", dijo el vicepresidente Álvaro García.
Según la ley boliviana y convenios internacionales, una declaración de desastre abriría las puertas a la ayuda externa en caso de que los recursos internos sean insuficientes para enfrentar los incendios, pero en los hechos esa cooperación ya está llegando a Bolivia desde hace por lo menos dos semanas.
Puso en ese marco a una "declaración ciudadana" de desastre resuelta el 10 de septiembre por el Comité Cívico de Santa Cruz (este), departamento en el que se encuentra la región de la Chiquitanía, afectada por los incendios que han devorado desde el mes pasado al menos dos millones de hectáreas de bosques y pastizales.
Esa declaración cívica, aseguró García, "no ayuda en nada" porque lo que se debería hacer en un estado de desastre ya está en ejecución.
"Ya hemos movilizado todos los recursos del Estado para atender los incendios y tenemos muchos recursos más para movilizar en los siguientes días, semanas y meses, y toda la ayuda internacional posible ya la hemos pedido", insistió, repitiendo anteriores justificaciones oficiales para no declarar el desastre.
Sobre los recursos internos, la ministra de Planificación, Mariana Prado, dijo el 11 de septiembre que el Gobierno ha gastado en el último mes el equivalente de 11 millones de dólares en la movilización de hasta 7.000 personas que combaten al fuego, además del alquiler y la operación de una veintena de aviones y helicópteros.
Hasta ahora, Bolivia ha recibido asesoramiento y ayuda técnica de países como Argentina, EEUU, China, Francia, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Perú y Rusia, y ayuda financiera de poco más de dos millones de dólares de la Organización de las Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, según informes oficiales.
Argentina y Francia han enviado además brigadas de bomberos, Perú ha prestado dos helicópteros y Rusia ha facilitado un avión bombero gigante, el Ilyushin 76, que acompaña a un Boeing 747 SuperTanker arrendado por el Gobierno boliviano.
Pese a esta masiva operación, que comenzó a mediados de agosto pasado, los incendios que parecían en vías de extinción la semana pasada se han reactivado en los últimos días y el Gobierno ha abierto la posibilidad de ordenar evacuaciones de algunas comunidades rurales.
El Gobierno atribuye la mayor parte de los incendios a condiciones extremas de sequía, calor y vientos que sacaron de control las quemas tradicionales con fines agrícolas, pero sectores de oposición, entre ellos comités cívicos, candidatos y grupos indígenas, atribuyen el desastre a la ampliación de la frontera agrícola.
La Iglesia Católica advirtió este 12 de septiembre, mediante un comunicado, que "hay serios indicios (de) que detrás de este desastre nacional y humanitario hay una decisión de ampliar la frontera agrícola en Bolivia que no ha tenido en cuenta los intereses de la casa común, ni los principios básicos de la ética ecológica".
El pronunciamiento emitido por la Conferencia Episcopal exigió la declaración de desastre nacional y la anulación de un decreto de julio pasado que autorizó la ampliación de la frontera agrícola en el departamento amazónico de Beni, donde actualmente no hay incendios.
