"Neuquén asumió su responsabilidad en la falta de justicia para Ivana Rosales, víctima de violencia machista", informó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también formó parte del acuerdo en representación de Abril Rosales, hija de la víctima.
La gobernación de Neuquén reconoció su responsabilidad por haberle negado justicia a Rosales en este caso de violencia de género.
El pacto alcanzado reconoce medidas de reparación para la familia y la promesa de llevar adelante políticas públicas de prevención y acompañamiento a víctimas de la violencia de género.
También elaborará y publicará información relevante sobre la violencia de género en esta provincia, y a participar del Registro Único de Casos de Violencia contra La Mujer (RUVCM).
El Estado de Neuquén ya se adhirió a la Ley Micaela, una legislación sancionada en enero de este año que resolvió capacitaciones sobre violencia de género para el funcionariado de los tres poderes del Estado.
"El Estado nacional y los provinciales tienen la obligación de ejecutar políticas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia machista, que no estuvieron disponibles para Ivana y siguen sin estar disponibles hoy", recordó el CELS.
Hechos
El 18 de abril de 2002, Mario Edgardo Garoglio ahorcó a su esposa Ivana Rosales hasta creerla sin vida, y la metió a continuación en el maletero del automóvil.
La Policía llegó a encontrar con vida a Rosales, que estuvo ingresada en el hospital durante 45 días.
El fiscal del caso, Eduardo Velazco Copello imputó a Garoglio por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, puesto que "que el accionar de Garoglio estaba dirigido en forma unívoca a causar la muerte de Rosales", pero con posterioridad solicitó un atenuante en favor del acusado por razones extraordinarias.
El homicida fue condenado a sólo cinco años de cárcel, y cuando la sentencia estuvo firme, se fugó hasta que la causa prescribió, por lo que no pasó ni un día en prisión.
"Los jueces Emilio E. Castro, José V. Andrada y Eduardo J. Badano y el fiscal Eduardo Velazco Copello sometieron a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia por ser víctima de un caso de violencia de género, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas que minimizaron y justificaron hechos que casi le cuestan la vida", afirmó el CELS.
Además, las dos hijas del matrimonio, Mayka y Abril Rosales, fueron obligadas a contactarse con su padre mientras tenía lugar el juicio.
Mayka se suicidó en 2012, mientras que su madre falleció el 6 de septiembre de 2017, cuando se encontraba embarazada, debido a un ataque epiléptico causado por las lesiones que le habían quedado de la paliza que le propinó Garoglio en abril de 2002.
"Ivana era, al momento de su muerte, una referente social y una luchadora contra la violencia machista", recordó el Centro de Estudios.
Éste es el primer caso por violencia de género que tiene lugar en Argentina y que alcanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
