La Avenida Roque Sáenz Peña, también conocida como Diagonal Norte, conecta la emblemática Plaza de Mayo y la Casa Rosada (centro del Poder Ejecutivo nacional) con la Plaza Lavalle, sobre la que se ubican el palacio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el edificio del Poder Judicial, cruzando a mitad de camino la Avenida 9 de julio y el Obelisco, dos grandes símbolos de Buenos Aires.
Esta fue la arteria y el eje sobre el que se enlazaron —sin unirse— las diferentes expresiones de repudio y reclamo de varios sectores de empleados públicos del país, aunque el eco de estas marchas y huelgas también se replicó en las principales ciudades de todo el territorio nacional.
ATE y CTA realizaron un paro nacional y marcharon hasta la Plaza de Mayo para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos, la reapertura de la negociación salarial, el restablecimiento de programas sociales dados de baja y rechazar el aumento a cargos jerárquicos en la Alta Dirección Pública en contraste con el aumento del salario mínimo.
Por su parte, los empleados judiciales realizan un paro nacional de 48 horas y se convocaron a un costado del palacio de la CSJ para demandar la "independencia del Poder Judicial", la declaración de la "emergencia judicial" por el deterioro en la inversión en modernización e infraestructura y por el cumplimiento de salario atrasados.
En otro punto icónico de la ciudad, a los pies del Obelisco se congregaron docentes universitarios y de escuelas públicas, así como referentes de movimientos sociales para realizar una "clase abierta" de concientización ciudadana por la crisis que vive la educación estatal, la precarización de las condiciones laborales de educadores de todo el país y en particular para levantar la voz por la tensa situación que se vive en la provincia patagónica de Chubut, donde continúan los choques entre los trabajadores y el Gobierno local.
Finalmente, también se hizo presente frente a la Secretaría de Vivienda una columna del movimiento Barrios de Pie, que se movilizó para reclamar el pago atrasado de cuotas de junio y julio por la construcción de casas, además de reivindicar más trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
