"No vulnera los derechos de libertad religiosa, ni de intimidad personal o familiar", reza el escrito.
El Gobierno de España que preside el socialdemócrata Pedro Sánchez lleva más de un año envuelto en un proceso para intentar exhumar al dictador Francisco Franco, que está enterrado con honores en el complejo monumental del Valle de los Caídos, al norte de Madrid.
El Tribunal Supremo argumenta que la suspensión cautelar de la exhumación se realiza para evitar el perjuicio que se podría producir tanto a la familia como a los intereses públicos en el caso de que se aceptara el recurso una vez trasladados los restos.
Ahora, la Abogacía del Estado presentó un escrito en el que considera que el plan del Gobierno para llevar los restos de Franco a un cementerio de Madrid en el que está enterrada su difunta esposa "garantiza el respeto a la dignidad debida al finado".
El escrito de la Abogacía del Estado carga duramente contra el informe presentado por la familia Franco, al que califica de "parcial" y "falto de rigor".
De hecho, el escrito llega a afirmar que el recurso admitido por el Tribunal Supremo parece "más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso".
Además, sostiene que la actuación gubernamental "vulnera la legalidad ordinaria" por una presunta falta de autoridad del Ejecutivo para acordar la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos sin autorización eclesiástica.
Del mismo modo, el recurso también afirma que las obras necesarias para proceder a la exhumación supondrían "gravísimos incumplimientos de la legalidad urbanística" y de la normativa en materia de sanidad mortuaria.
En su escrito, la Abogacía responde a estos argumentos afirmando que en la decisión de exhumar a Franco es legal porque "concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia", "no se vulneran sus derechos" y "no existe un derecho a no ser removido del lugar de enterramiento.
