"La asamblea determina entrar en una huelga de hambre escalonada, instalando el primer piquete (...) que se masificará en el transcurso de las próximas horas y días de no solucionarse nuestro problema", dice una resolución de los huelguistas entregada a la prensa.
Esa asamblea se realizó el 5 de septiembre, luego de fracasar dos días de negociaciones entre el sindicato, la Central Obrera Boliviana, la empresa y el Gobierno, sobre la aplicación de una sentencia de un tribunal arbitral favorable a la demanda laboral de pago de bonos dominicales y horas extras devengados por más de una década.
No había reacción inmediata del Gobierno, en tanto que la empresa persistía en la decisión de no hacer declaraciones a la prensa que asumió desde que estalló el conflicto.
Los mineros de San Cristóbal están en huelga desde el 19 de agosto pasado, tras cumplirse el plazo legal de 10 días para que la empresa pague los beneficios ordenados por un tribunal tripartito, al cabo de casi un año de conflicto.
San Cristóbal, la única mina de clase mundial de Bolivia, tiene 1.400 trabajadores y produce unas 650.000 toneladas anuales de concentrados de zinc-plata y plomo-plata, aproximadamente la mitad de la producción minera total del país.
La empresa, cuya explotación está ubicada en el altiplano del departamento sureño de Potosí, cerca del salar de Uyuni, obtuvo en 2018 ingresos por aproximadamente 5.000 millones de dólares, según medios locales.
