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Oposición chilena pide la salida de ministra de Educación acusándola de no cumplir su rol

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SANTIAGO (Sputnik) — Un grupo de diputados de la oposición política en Chile presentó una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, acusándola de no cumplir su mandato como funcionaria y de no ejecutar correctamente las reformas que se aprobaron durante el Gobierno anterior.

"Acusamos constitucionalmente a la ministra por no cumplir su mandato constitucional y legal, y además, de no ejecutar las leyes aprobadas", señaló en conferencia de prensa el diputado socialista y uno de los impulsores de la acusación, Manuel Monsalve (izquierda).

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Después de varias gestiones, el Partido Socialista logró reunir a diputados de distintos sectores de la oposición y lograr que firmaran una acusación constitucional contra Cubillos, con el objetivo de destituirla del cargo.

El documento presentado este 5 de septiembre a la Cámara de Diputados fue finalmente firmado por parlamentarios socialistas,y también del Partido por la Democracia (centroizquierda), del Partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) y del bloque Frente Amplio (izquierda).

La acusación contiene cinco capítulos donde se entregan distintos argumentos para criticar la gestión de la ministra, entre ellos, se le acusa de no ejecutar correctamente las reformas educacionales promovidas y aprobadas durante el pasado Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 20142018).

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Aquella reforma estableció entre otras cosas, eliminar la posibilidad de que los colegios puedan seleccionar a sus alumnos con requisitos académicos o intelectuales, iniciativa de la cuál Cubillos se ha manifestado abiertamente en contra, incluso impulsando otros proyectos de ley para restituir la selección.

Además, los parlamentarios la acusan de no cumplir los principios constitucionales a los que están obligados los funcionarios públicos, como el principio de probidad o el principio de control jerárquico, entre otros.

"Cubillos cree más en la educación como un bien de consumo que como un derecho social", afirmó Monsalve.

En la presentación del documento participaron 11 parlamentarios, pero ese es sólo la primera etapa de una acusación constitucional, ya que ahora deben reunir 78 votos entre toda la Cámara de Diputados para ejecutar la herramienta constitucional, de un total de 155 diputados.

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