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El drama de los periodistas amenazados de muerte en México

© REUTERS / Henry RomeroProtesta contra violencia contra periodistas en México
Protesta contra violencia contra periodistas en México - Sputnik Mundo
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Con 150 integrantes en todo el país, la Asociación de Periodistas Desplazados cumplió dos años buscando una manera de sobrevivir a la violencia que atraviesa el territorio nacional. En Ciudad de México, Sputnik conversó con víctimas de los ataques que los obligan a dejar todo atrás para no morir.

Fundada por los periodistas Gildo Garza y Omar Bello tras haber tenido que huir de donde vivían y trabajaban, la asociación vio en su propio crecimiento la evidencia de que la tensión sigue aumentando en un país que bate sus propios récords de crímenes violentos año a año. 

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"El clima se hace más crítico cuando afecta a quienes defienden la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información", expresaron desde la Asociación.

Originario de Tamaulipas, Garza cuenta que se trata del estado mexicano más peligroso debido a la fuerte presencia de cuerpos armados (paramilitares y regulares) en su territorio, que hace frontera con Estados Unidos. Tamaulipas y el estado de Guerrero son los dos estados al tope del índice de agresiones registradas contra la prensa. 

​De acuerdo con el cofundador de la asociación, la violencia tiene una relación directa con la impunidad en que permanecen las agresiones y asesinatos cometidos contra los periodistas. 

El periodista señaló también la violencia practicada en reiterados intentos de criminalizar a los trabajadores de prensa, incluso con campañas de difamación financiadas con dinero público proveniente de autoridades locales. 

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Héctor Valdéz, encargado de comunicación de la agrupación, tuvo que huir recientemente de Quintana Roo, estado que vive actualmente un crecimiento acelerado de la criminalidad en sus pueblos pequeños y muy turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulúm y Bacalar, lo que incluye un aumento de la violencia hacia la prensa, con el ejemplo de su propio caso de desplazamiento.

¿Por qué falla la protección?

Garza puso énfasis en las falencias del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un programa implementado por el Gobierno mexicano en 2013, cuando Enrique Peña Nieto era presidente del país. Según las últimas cifras oficiales, actualizadas en marzo de 2019, hay 315 periodistas beneficiarios de ese sistema. 

La ciudad de México (45 casos), Tamaulipas (45 casos) y Guerrero (40 casos) figuran al tope de la lista de los territorios con más cantidad de periodistas a los que el Estado reconoce en peligro. Le siguen Quintana Roo (22 casos) y Veracruz (22 casos) en cantidad de periodistas amenazados. 

Sin embargo, Garza es tajante en sus críticas: "el Mecanismo no actúa en la protección de los periodistas, es un aparato de simulación y es un gasto oneroso para el Estado. Puedo resumirlo diciendo que no sirve".

"A mí me expusieron y casi me matan estando adherido al Mecanismo. Salí huyendo de Tamaulipas por mis propios medios porque no tienen protocolos adecuados, pero ellos se justifican diciendo no haber actuado a tiempo. Es incompetencia, no lentitud", expresó indignado. 

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Además, Garza denunció que el programa estatal funciona de forma extremadamente burocrática, por medio de oficios que envían a autoridades involucradas en los crímenes. Esto fue documentado también por la organización internacional Artículo 19, cuyo reporte indicó que más del 40% de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios del Estado

Un diagnóstico polémico

A fines del pasado agosto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, encabezada por Jan Jarab, presentó un diagnóstico del funcionamiento del Mecanismo que ha sido considerado "liviano". Es que a pesar de la amplitud de recursos con que contó, el análisis no logró avanzar en un análisis concreto de "las causas que generan el riesgo".

Por otro lado, la Asociación de Periodistas Desplazados de México participó de los foros de trabajo para la elaboración de un nuevo programa gubernamental de derechos humanos a nivel nacional para el período 2019-2024. Según la agrupación, "hubo consenso de exigir castigo a instituciones y funcionarios públicos que desatiendan las demandas y denuncias de las víctimas, que quedan inmersas en las negligencias de todo el aparato de la administración pública". 

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