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Dos empresarios de EEUU demandan a compañías de cruceros por sus negocios en Cuba

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MOSCÚ (Sputnik) — Dos empresarios estadounidenses han presentado en EEUU cinco nuevas demandas contra las compañías de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH ) y MSC Cruises alegando una violación de la ley Helms-Burton por operar estas compañías en puertos cubanos, según comunicó el portal Seatrade Cruise News.

Mickael Behn, heredero de la compañía Havana Docks, afirma que estas tres compañías violaron la ley estadounidense al usar la Terminal de Cruceros de la Habana.

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Otro empresario, García-Bengochea, denuncia una violación similar con respecto a RCL, NCLH y al uso de la terminal de cruceros en Santiago de Cuba.

Ambos exigen a las compañías una compensación por haber usado esta propiedad.

"Estamos estudiando la demanda, y hasta ahora no tenemos comentarios sobre el litigio", dijo el portavoz de Royal Caribbean.

Otras compañías de cruceros aún no han comentado el caso.

Según el Título III de la ley Helms-Burton, los ciudadanos estadounidenses podrán demandar en Cortes por propiedades nacionalizadas o confiscadas en Cuba en los primeros años de la Revolución, acción que las autoridades cubanas han calificado como ilegal, extraterritorial, y violatoria del derecho internacional.

Esta nueva demanda se une a la establecida el pasado 2 de mayo por los mismos empresarios contra la empresa de cruceros Carnival, por supuestamente "traficar" con propiedades nacionalizadas en la isla.

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García-Bengochea había reclamado propiedades en el puerto de Santiago de Cuba ante el tribunal federal de Miami, acción que también emprendió Behn con propiedades en el puerto de La Habana.

El Título III de la mencionada ley se mantuvo suspendido durante muchos años y ningún mandatario estadounidense lo había puesto en vigor hasta que Donald Trump lo activó en mayo pasado.

Varios países con fuerte presencia inversionista en la isla han expresado su rechazo a esta ley aprobada en 1996, entre ellos México, España, Canadá y la Unión Europea, quien amenazó a Washington con establecer una reclamación en la Organización Mundial de Comercio.

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