Tras nueve años de lucha por avanzar hacia la justicia, familiares de las 72 personas asesinadas por paramilitares en el norte de México exigen una respuesta al Gobierno sobre qué ocurrió esa noche y así lo contaron a Sputnik.
Leopoldo Euceda, de 73 años, jamás había salido de Honduras hasta esta semana. Su hijo, Marvin Euceda Aguilar, es la última víctima de la masacre de San Fernando (Tamaulipas) en ser identificada gracias al trabajo de una comisión forense ad hoc, liderada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A nueve años de la llamada "masacre de San Fernando", en la que 72 personas que iban camino a la frontera con EEUU fueron asesinadas en el norte de México sin motivo ni razón aparente, la impunidad reina.
Fue el primero de una serie de crímenes de lesa humanidad contra esta población vulnerable, en un lapso breve: ocho meses más tarde fueron hallados casi 200 cuerpos en fosas clandestinas en el mismo municipio y en mayo de 2012 otras 49 personas migrantes fueron asesinadas y mutiladas en Cadereyta (Nuevo León), también camino a la frontera norte.
La identificación de todas estas víctimas no ha terminado y fue encomendada en 2013 a una Comisión Forense, creada debido al descrédito en que habían caído las instituciones mexicanas, que tuvieron errores evidentes en el caso de los 72 de San Fernando al enviar cuerpos erróneos y ataúdes vacíos o llenos de arcilla a sus países de origen, tal como denunciaron las familias de las víctimas a la periodista mexicana Marcela Turati, en 2015.
Si bien la versión oficial señala como responsable a un grupo paramilitar apodado 'Los Zetas' —que habría asolado durante una década la zona norte del Golfo de México— las familias no han tenido libre acceso a la investigación del caso, que aún se encuentra en instrucción y por el cual no hay ninguna persona sentenciada, a pesar de tratarse de 'la peor masacre' de la historia mexicana cometida contra extranjeros en su territorio.
¿Cómo fue la identificación de las últimas víctimas?
Nacido y criado en la zona rural de Comayagua (Honduras), Marvin fue el único de sus muchachos que salió camino al norte. "Tuvimos años que no sabíamos nada de él. Cuando pasó eso, esa masacre, tenía tres días que habíamos hablado con él. Se había perdido y le enviamos un último dinero, pero ya no sabemos si lo recibió o no, porque ya no nos contestó", relató a Sputnik Leopoldo Euceda.
Junto a otros de sus hijos, Leopoldo viajó por primera vez a México este agosto —a nueve años del asesinato— para participar de una serie de actividades promovidas por la Fundación para la Justicia y el Estado de derecho que lleva la representación legal de las víctimas en México y trabaja en alianza con las organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos y asesinados en los países centroamericanos.
Así fue el caso de la familia Hernández Cerrato, que fue contactada por Cofamipro (Comité de Familiares de Personas Desaparecidas de El Progreso) en el departamento de Yoro (al norte de Honduras). "Por medio de ellos pudimos dar con estas personas capacitadas en antropología y hacer los análisis de uno de los cuerpos, porque nosotros pensábamos y creíamos ciertamente que mi hermana era una de las víctimas", dijo Johny Elan, hermano de Eva Noemí Hernández Cerrato, cuyos restos fueron identificados en 2014 gracias al trabajo de la Comisión Forense independiente.
Cuando Eva fue asesinada, su hija mayor tenía apenas seis años. Ahora es una adolescente que también llegó a México por primera vez y quien, a pesar de su juventud, exige al Gobierno mexicano "una respuesta de por qué los asesinos lo hicieron".
Su tío explicó a Sputnik que la identificación de Eva Noemí se tardó cuatro años, aún cuando desde el inicio hubo indicios de que su hermana había sido una de las víctimas. "El Gobierno de México no es culpable pero sí es responsable de darnos una respuesta de por qué están pasando este tipo de cosas, que se siguen dando", sostuvo.
Para Leopoldo Euceda y su familia también fue una batalla perdida conseguir respuestas de su propio Gobierno: "Parece que cuando los hondureños pedimos algo, a los pobres poco se nos oye. Se nos ocupa para otras cosas, para subir puestos, escalar, pero no para ayudar. Perdimos la ilusión ahí, nos quedamos con papeles" comentó.
El padre de Marvin recordó las dificultades que vivió para llegar hasta Tegucigalpa —la capital del país— varias veces sin tener respuesta. Su respaldo fue su fw en la Virgen de Guadalupe: "Me siento agradecido con ella, que puso a estas personas que nos ayudaron, sin las que no hubiésemos podido", dijo.
El 25 de abril de 2018 les notificaron que Marvin —que estaba desaparecido— había fallecido ocho años antes.
¿Qué se sabe hasta ahora de la masacre?
No existe siquiera certeza de la fecha en que ocurrió debido a las versiones contradictorias entre las corporaciones armadas actuantes, que a su vez difieren de investigaciones independientes. El expediente judicial tiene carácter reservado y también tiene un pleito abierto en la Suprema Corte de Justicia para que se permita el acceso público.
La abogada Ana Sandra Salinas, integrante del equipo de Fundación por la Justicia, explicó a Sputnik que la investigación del caso está a cargo de la Unidad de Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGE) y que el proceso penal está a cargo de un juzgado penal de Tamaulipas.
La defensora destacó que la Comisión Forense, liderada por el EAAF como peritos independientes, la Coordinación general de servicios periciales de la FGE y organizaciones civiles, "fue un logro de las familias ante las dudas que había" en los procesos de identificación.
"Las familias no confiaban en el trabajo hecho por el Gobierno (mexicano) porque entonces las identificaciones no se realizaron apegadas a los protocolos existentes en la materia ni a estándares internacionales", explicó la abogada. "Por eso fue necesaria la creación de esta comisión", agregó.
Además de los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños (entre los que hubo varios menores de edad) fueron asesinados cinco ecuatorianos, cuatro jóvenes brasileños y un indio. Ninguna de las familias recibió llamadas extorsivas, por lo que se descartó que se tratase de un secuestro. Todas las víctimas fueron asesinadas entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, con un 'tiro de gracia' en la nuca y sus cuerpos quedaron expuestos en una construcción derruida en un rancho llamado el Huizache. La Marina mexicana (desplegada entonces en ese territorio) tardó un día en presentarse en el lugar, después de recibir el relato de un sobreviviente que indicó el punto.
La Justicia tardó al menos cinco días en recoger los cuerpos de la intemperie, acelerando su proceso de descomposición, dificultando su identificación inmediata y obstruyendo la investigación del caso. Aún restan nueve cuerpos de las personas asesinadas sin identificar: ocho hombres y una mujer.
"Es doloroso saber que uno de repente miraba las cosas desde lejos, hasta que le llegan a uno. Migrar es un derecho que todos tenemos, pero a nosotros por ser de bajos recursos se nos condena por eso. Se nos trata como inferiores, pero no lo somos", concluyó Johny Elan.
