"No vamos a violar los procedimientos legales, lo único que digo es que hay casos en los que se ha dado una especie de sabotaje legal, pero no dejo de hablar de que es legal", el procedimiento de organizaciones civiles para oponerse a la construcción, dijo el jefe del Ejecutivo.
Según el colectivo "No más derroches", fueron abiertos 147 "juicios de amparo" que condujeron a decenas de suspensiones provisionales de las obras, y nueve "suspensiones definitivas" de las obras.
Agregó que la consejería jurídica de la Presidencia y la secretaría de la Defensa Nacional se encargan de responder "a todos los abogados del conservadurismo".
Un juez del Estado de México, que rodea la capital, donde se localiza la base militar, concedió el 21 de agosto la novena "suspensión definitiva" de la construcción.
Ese dictamen judicial descarta la autorización de bajo impacto ambiental, otorgado a finales de julio por la secretaría federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
López Obrador expresó que "es su derecho, son conservadores […], no quieren que cambie el régimen de corrupción, injusticias y privilegios que ellos quieren conservar".
Para el jefe de Estado, los procesos admitidos por el Poder Judicial "son un asunto político, no jurídico [...], no se dan cuenta de que intentan afectar el desarrollo del país, porque debemos resolver el problema de la actual saturación del aeropuerto".
Un prolongado pulso
Cuando asumió el cargo, el 1 de diciembre pasado, el líder de la izquierda nacionalista ordenó cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Nacional (NAIM), la principal obra con inversión público-privada de la administración federal anterior, que encabezó Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Esa obra de diseño futurista, fue trazada sobre el lago disecado de Texcoco por el reconocido arquitecto británico, Norman Foster, cerca del viejo aeropuerto de la Ciudad de México, que atiende a más de 45 millones de pasajeros al años, un 30% más que su capacidad original.
La orden de cancelar las obras fue dada esgrimiendo una consulta no vinculante, que López Obrador organizó siendo presidente electo con apoyo de sus simpatizantes, a la cual acudió un millón de los 90 millones de personas inscritas en el padrón federal.
"Nos iban a quebrar el Gobierno, dejaron la deuda pública hasta las nubes; pero están obnubilados, ojalá cambien de parecer, no vamos a permitir la corrupción, se acabó la asociación delictuosa entre poder económico y poder político", puntualizó el gobernante.
El NAIM llevaba más de 30% de avance, según los inversionistas privados, entre quienes destaca el mayor magnate del país, Carlos Slim, y 20% según el nuevo Gobierno.
El colectivo de varias organizaciones civiles ganó la nueva batalla legal ante un juez federal, cuyo dictamen señala que la propia cartera federal de Medio Ambiente reconoce que el aeropuerto que la Defensa construiría en la base militar "ocasionará daños y afectaciones al ecosistema actual" y daños de difícil reparación en perjuicio de las comunidades.
