En un acto de intervencionismo inaudito para el Gobierno de Mauricio Macri, el viernes 16 de agosto se oficializó que hasta el próximo 9 de noviembre las productoras y refinadoras de combustibles deberán tomar como referencia un tipo de cambio de 45,19 pesos –a pesar de que ese mismo día el dólar rozaba los 60 pesos– y un barril de crudo tipo Brent a 59 dólares.
"Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se interviene formalmente y de manera directa en la fijación de precios del sector. [...] Esta medida marca una alteración en la política de respeto a las reglas de juego establecida por la actual administración", especificó en un informe Energy Consilium, consultora de Juan José Aranguren, primer ministro de Energía elegido por Macri (2015-2018) y expresidente de Shell Argentina, subsidiaria de la petrolera anglo-neerlandesa.
Criticada por ir en contra de las leyes del libre mercado que defendía el Gobierno, la medida fue tomada luego de una megadevaluación de 25% sufrida por el peso como consecuencia del resultado de las elecciones primarias, en las que el oficialismo quedó 15 puntos porcentuales por debajo de la oposición kirchnerista, que lleva a Alberto Fernández y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a la cabeza de la fórmula.
¿Por qué el rechazo del sector y las provincias?
La decisión, que había sido adelantada el miércoles de la semana pasada como parte del paquete de medidas paliativas a la crisis económica que golpea el bolsillo de los argentinos, fue duramente criticada y resistida por las empresas privadas que explotan la cuenca: Shell, ExxonMobil, Vista Oil&Gas, Chevron, Equinor y Tecpetrol (Techint).
En esa misma línea se manifestaron los sindicatos petroleros y los gobiernos provinciales. Argumentan que, con estos precios de referencia, la explotación en Vaca Muerta deja de ser rentable y pone en suspenso proyectos de inversión millonarios. De acuerdo la ley federalista argentina, los dueños de los recursos son las provincias y no el Estado nacional.
"Están claramente perjudicadas las provincias que tienen recursos hidrocarburíferos, sobre todo por las regalías. En Neuquén se estima que van a perderse 700 millones de pesos [12 millones de dólares] en estos tres meses", dijo a Sputnik Fernando Schpoliansky, concejal de la ciudad de Neuquén y experto en la explotación de Vaca Muerta.
"Las provincias van a llevar una propuesta, en una reunión con el Gobierno y empresarios, para modificar el impuesto a los combustibles o reformular el IVA, así el costo fiscal que tiene el decreto en todo caso se paga en forma equilibrada entre nación y provincias, que también se han visto perjudicadas en la coparticipación federal porque se modificó el impuesto a las Ganancias y el IVA a los productos esenciales", dijo Schpoliansky.
Un año conflictivo en Vaca Muerta
Esta no es la primera vez en el año que el Gobierno tiene problemas con las empresas privadas y estatales que trabajan en el yacimiento devenidos de las crisis cambiarias. A principios de 2019, descartó modificar el esquema de subsidios y dio marcha atrás en la posibilidad de ofrecer incentivos a nuevas compañías.
Como consecuencia, la empresa estatal YPF anunció que revisaría sus inversiones a futuro y Tecpetrol, empresa privada que tenía 70% de la producción en la cuenca, anunció que daría de baja tres de los cuatro equipos de perforación y que suspendería a unos 300 empleados.
Vaca Muerta representa 40% del gas y 60% del petróleo no convencional del país, además de ser la segunda reserva de shale gas del mundo y la cuarta de shale oil. Se ubica en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza y tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados.
Se tratra de una producción con el potencial para reducir el gasto en las importaciones en un 20% del presupuesto corriente nacional y aumentar las exportaciones en otro 20% en el corto plazo, además de aportar un crecimiento económico de 5% a 2030 y una expansión anual de 0,4% del PBI.
En el yacimiento se requieren inversiones del orden de los 120.000 millones de dólares a 2030, de los cuales aproximadamente ya se llevan invertidos unos 30.000 millones, entre empresas de distinto origen.
