"Estos 12 años de trabajo han demostrado que la lucha contra la impunidad no procede en forma lineal, sino con avances y retrocesos, en el contexto de la interrelación de instituciones y actores sociales", afirmó el comisionado Iván Velásquez a través de un video, pues el Gobierno de Guatemala le impide entrar al país.
El jurista colombiano aseguró que la CICIG, creada por acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), generó en la gente esperanza de reconciliarse con el sistema en su conjunto, y en especial con las instituciones, en la medida en que veía que era posible luchar contra la corrupción, y que nadie estaba por encima de la ley.
"En Guatemala se han logrado resultados significativos, no solo en persecución penal, sino en empoderamiento de las instituciones del sector justicia y en la generación de conciencia en la ciudadanía en torno a la relevancia de la independencia judicial", agregó Velásquez.
El fiscal español Carlos Castresana, quien dirigió la CICIG entre 2007 y 2010, estimó en otro mensaje que los guatemaltecos preservarán los ideales de libertad, confianza y compromiso con la justicia que inculcó este mecanismo.
"El miedo ha cambiado de bando, ahora son los criminales los que temen al Estado, y no los ciudadanos, quienes en términos razonables se sienten protegidos por él", aseguró Castresana, para quien la Comisión "es y seguirá siendo un estado de ánimo".
La fiscal general de la República, Consuelo Porras, agradeció el apoyo de la CICIG en el fortalecimiento del Ministerio Público, que aún investiga unos 70 casos presentados por la Comisión.
En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra exjefe militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos.
Con la llegada del presidente Jimmy Morales en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG.
La fiscal Porras tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo cual amenaza a más de 70 casos conjuntos.
Amnistía alertó que el cese de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de justicia y de derechos humanos permiten a las estructuras criminales continuar violando la ley en toda impunidad e incrementa el riesgo de ataques contra defensores de los derechos humanos.
