"Se trata de un sistema judicial que criminaliza a las mujeres pobres por ser pobres, por no tener acceso a ningún servicio de salud ni de educación", dijo la abogada a esta agencia.
El Salvador tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo respecto al aborto, dado que no lo admite ni siquiera en casos de violación o riesgo de vida de la madre.
"Es un fallo importante, es lo menos que Evelyn se merecía, lo menos que esperábamos para ella. El juez dijo durante la lectura del fallo que no tenía certezas de lo ocurrido y que no podía condenar a Evelyn. Ella es inocente y esperamos que este sea el final del vía crucis que ha sufrido por la persecución constante de la Fiscalía contra ella", dijo la abogada.
Historias repetidas
La Fiscalía, dado que considera que existe una voluntad deliberada de la madre para provocar la muerte de su hijo, relaciona estos casos con abortos y luego con homicidios agravados por falta de asistencia.
Las mujeres llegan a los hospitales muchas veces en estado de gravedad tras haber parido en la letrina de su casa, y terminan en la cárcel, debido a que la legislación de este país establece que los médicos deben denunciar a la policía cualquier caso que pueda parecer un aborto.
"El problema de fondo de El Salvador es definitivamente la total criminalización del aborto, lo cual hace que las mujeres que ya están en una situación de vulnerabilidad, extremamente pobres, sin educación y sin acceso a los servicios de salud, lleguen con una emergencia obstétrica o con un parto extrahospitalario, buscando ayuda médica a los hospitales, y por el simple hecho de que los médicos tengan la sospecha de que ellas pudieron haberse realizado un aborto sean entregadas a la policía, sean culpadas y sentenciadas ni siquiera por aborto sino como homicidio agravado", dijo la abogada.
La Fiscalía de El Salvador había pedido para Hernández una condena de 40 años de prisión por haber tenido en 2016 un parto extrahospitalario al que no sobrevivió el recién nacido.
El 6 de abril de 2016, la joven, hoy de 21 años, tuvo un parto extrahospitalario en una letrina, al que su bebé no sobrevivió, y luego fue llevada al Hospital Nacional de Cojutepeque.
Allí los médicos informaron del caso a las autoridades, quienes trasladaron a la joven al Centro Penal de Readaptación de Mujeres de Ilopango.
Hernández, quien había quedado embarazada producto de una violación, fue acusada del delito de homicidio agravado por omisión de asistencia al bebé.
"El trabajo que hacen las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en derechos humanos y defienden los derechos de las mujeres es primordial ya que visibiliza la realidad que sufren estas mujeres en El Salvador, no solo la falta a todo tipo de acceso de servicios de salud, educación, a un debido proceso sino que también visibilizan la sistemática violación a sus derechos solamente por ser pobres", dijo Caballero Cabrera.
"Lo más importante es que los tomadores de decisiones a nivel nacional en El Salvador puedan realmente ver lo que sufren estas mujeres, la falta de acceso a estos servicios y sobre todo la persecución a las que las someten las autoridades en El Salvador", añadió la experta.
En El Salvador, el abordaje público ante las mujeres que tienen emergencias obstétricas o partos fuera del hospital se hace desde una concepción de supuestos abortos, señalaron a Sputnik fuentes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
"Necesitamos sensibilizar a los operadores de justicia, a los tomadores de decisiones y a todas las personas para que tengan una perspectiva de género cada vez que tratan estos casos y para que realmente a estas mujeres no se les sigan violentando sus derechos", advirtió la abogada.
El Salvador es uno de los cinco países del mundo en los que rige una prohibición absoluta del aborto, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
La abogada considera que esto ayudaría a que las sospechas y el miedo de los médicos no se transforme en una criminalización y una persecución de estas mujeres.
"Se debe sensibilizar y educar a la población y a los médicos sobre la realidad de las emergencias obstétricas y los partos extrahospitalarios. A su vez, asegurar el acceso a la salud sobre todo a estas mujeres que viven discriminadas por su situación de vulnerabilidad y al final de cuentas son discriminadas y vulnerables por ser pobres", dijo la experta.
Además, la abogada llamó al sistema de justicia de El Salvador a liberar a las 16 mujeres que aún están en prisión por sufrir emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios.
El Ministerio de Salud de este país reportó en 2017 un promedio de 55 embarazos diarios en adolescentes de 10 a 19 años, que resultaron en 22.241 partos.
