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Contraloría venezolana inhabilita para cargos públicos a exfiscal Ortega y diputado Borges

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CARACAS (Sputnik) — La Contraloría General de Venezuela inhabilitó por 15 años para el ejercicio de cargo público a la exfiscal prófuga de la justicia, Luisa Ortega Díaz, y a los diputados opositores, Julio Borges y Tomás Guanipa, por ocultamiento de información en la declaración de patrimonio, informó el contralor Elvis Amoroso.

"Los ciudadanos Luisa Ortega Díaz, Germán Darío Ferrer, Tomás Ignacio Guanipa, Antonio Ledezma y Julio Borges, se encuentran sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial (…) se detectó el ocultamiento de información en la presentación de las declaraciones juradas (…) razón por la cual quedarán inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo público hasta por 15 años", expresó el funcionario.

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De igual manera, Amoroso indicó que la Contraloría ordenó la inhabilitación por corrupción de los ciudadanos designados por el opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", para cargos en la petrolera Citgo y en organismos internacionales.

"Carlos José Balza Guanipa, David Smolansky, Elio Totoledo, Luis Augusto Pacheco, María Lizardo, José Ignacio Hernández, José Bilbao, Enrique Torres, Rogelio Lozada, Carmen Rodríguez de Castro, José Alberto de Antonio, y Mireya de Amaya, se ordena el proceso de auditoría e inhabilitación hasta por 15 años por los evidentes hechos de corrupción", indicó.

Amoroso exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Ministerio Público y al ministerio de Interior, Justicia y Paz, proceder a la prohibición de enajenar los bienes de los ciudadanos inhabilitados.

El contralor también respaldó las decisiones de nulidad que había emitido el TSJ contra la hizo la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) sobre las designaciones de juntas directivas de las empresas del Estado Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Citgo.

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El TSJ ratificó en abril pasado la nulidad de la designación de la junta directiva de PDVSA, designada por la Asamblea Nacional, al considerar que carece de efectos jurídicos.

Además, precisó que tanto PDVSA como su filial en EEUU, Citgo, son empresas que tienen a su cargo la actividad petrolera, que, de acuerdo a la Constitución vigente, está reservada exclusivamente al Estado.

El 9 de abril, el Parlamento había aprobado ampliar los integrantes de la junta administradora ad hoc de la estatal petrolera, con el fin de designar nuevas juntas directivas de las filiales en Sudamérica, Curazao y Holanda.

El 21 de enero el Tribunal Supremo de Justicia reiteró la nulidad de toda acción de la Asamblea Nacional, y señaló que desde enero de 2017 este órgano no tiene junta directiva válida.

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