En diciembre de 2019 el país gobernado por Sebastián Piñera será el anfitrión de la Conferencia de las Partes por el Cambio Climático número 25 (COP 25) de Naciones Unidas. Sin embargo, Chile todavía tiene varias deudas ambientales. Una de ellas es el cumplimiento de un fallo judicial sin precedentes, que obliga al Estado a analizar y reparar los daños causados por la contaminación industrial en la Bahía de Quintero, región de Valparaíso.
A fines de mayo la Corte Suprema determinó que en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón el Estado ha sido "responsable de omisiones graves", y que por el desarrollo industrial mal regulado, los pobladores han pagado un costo muy alto: no gozan de su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que les ha generado serios problemas de salud, sociales y económicos. La Justicia dictó 15 medidas para proteger a las comunidades que debían ser cumplidas en el correr de un año.
El miércoles 7 de agosto, los ciudadanos organizados que impulsaron el juicio y lograron la histórica resolución, plantearon sus preocupaciones por la inacción del Estado a congresistas de las comisiones de Salud y Medio Ambiente de la Cámara y del Senado, y de la Quinta Región (Valparaíso). Consiguieron que los legisladores crearan un frente parlamentario y se comprometieran a presionar políticamente al Ejecutivo para hacer cumplir la sentencia.
"Se fijaron líneas generales de trabajo (...) para que con las potestades que tienen ellos, le den seguimiento constante a las medidas que dictó la Corte Suprema y fiscalicen cómo el Ejecutivo las está llevando a cabo. También para darle voz a las comunidades que no tienen acceso a todas las herramientas que tiene el Poder Legislativo", dijo a Sputnik Roxana Núñez, integrante de la Defensoría Ambiental, una de las organizaciones sociales presentes en la reunión el miércoles.
El senador Guido Giradi (Partido por la Democracia) aseguró que respaldarán a la comunidad. Según publicó El Mostrador, el legislador señaló que en la zona "hay tres empresas Codelco Ventanas, Gener y Enap que producen el 80% de la contaminación y debieran salir de ahí porque son irresponsable y matan gente".
El diputado ecologista Félix González señaló que el Legislativo cuenta con "atribuciones fiscalizadoras para que se cumpla algo de toda racionalidad: que las personas no deban pagar con su salud la producción y utilidades de ciertas empresas".
González agregó que "se debe cambiar las normas de emisión porque las que tenemos son peores que las que se usan en China. Un desafío importante es conseguir el consenso político para llevar estas normas primarias al menos a los límites que establece la OMS, sólo así podremos revertir esta situación", publicó El Mostrador.
Entre fines de agosto y septiembre de 2018 más de 1.700 chilenos fueron envenenados por inhalar gases tóxicos. Ellos viven en la zona de sacrificio que comprende la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, donde hay 19 industrias contaminantes que largan humo día y noche. Hasta hoy no se sabe cuáles fueron los gases que produjeron los envenenamientos, ni de qué empresas provinieron.
