El relator del caso, Edson Fachin, fue el primer juez en votar a favor de la suspensión de la transferencia, "para asegurar al paciente (Lula) el derecho a permanecer en Sala del Estado Mayor, tal como se encuentra en este momento", y su decisión fue seguida por amplia mayoría.
Tras esta decisión, la justicia estadual de São Paulo decidió que Lula debía ser transferido a una cárcel de presos comunes en la pequeña ciudad de Tremembé, a 150 kilómetros de la capital paulista.
Los abogados de Lula recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo, alegando que esa cárcel no tenía condiciones para albergar al expresidente, que debería seguir cumpliendo condena en una sala reservada, especial para autoridades.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) está preso en Curitiba desde abril de 2018, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
El traslado había sido solicitado por la Policía Federal, que argumentaba que la presencia de Lula en el recinto de la Superintendencia, que funciona como una comisaría, dificulta la rutina de trabajo y causa molestias a usuarios y vecinos.
