La decisión es de la jueza que se encarga de la ejecución penal del exmandatario, Carolina Lebbos, quien publicó la información a primera hora de la mañana del 7 de agosto en el sistema electrónico de la Justicia Federal de Paraná, según adelantó el portal de noticias G1.
A su vez, el juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, de la justicia estadual de Sao Paulo determinó que el expresidente Lula da Silva sea trasladado a la cárcel de Tremembé, en el interior de ese estado, según informó el portal de noticias G1.
La ciudad tiene 46.000 habitantes y se encuentra a 150 kilómetros de Sao Paulo capitall.
Según la prensa local, su cárcel alberga a presos comunes famosos por crímenes que tuvieron mucha repercusión mediática, como Gil Rugai, quien mató a su padre y a su madrastra, o Cristian Cravinhos, quien asesinó a un matrimonio por orden de la hija para hacerse con la herencia.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2019
Con la transferencia a Sao Paulo, Lula estaría más cerca de sus familiares y de su círculo político más estrecho, ya que su domicilio consta en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de la capital paulista.
¿Qué medidas toma la defensa de Lula?
La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) criticó el traslado del examandatario y pidió que se suspenda hasta que el Tribunal Supremo Federal evalúe un recurso que podría anular la condena.
"Pedimos la suspensión del análisis de la petición de la Superintendencia de la Policía Federal hasta el juicio final del "habeas corpus" nº 164.493/PR, en trámite ante el Tribunal Supremo Federal", informó el abogado Cristiano Zanin en un comunicado.
Con ese recurso, los abogados alegan que el juez que le condenó en primera instancia, Sérgio Moro, actuó de forma parcial, lo que en su opinión debería llevar a la "nulidad de todo el proceso y al restablecimiento de la libertad plena de Lula".
Los abogados del líder izquierdista también critican que la jueza haya negado a Lula el derecho a cumplir la condena en una Sala del Estado Mayor, un recinto especial para autoridades militares, y que no se les haya consultado antes sobre las condiciones del traslado.
"Lula es víctima de una intensa presión ilegal impuesta por parte del sistema de justicia; la defensa tomará todas las medidas necesarias con el objetivo de restablecer la libertad plena del expresidente Lula y para asegurar los derechos que le asegura la ley y la Constitución Federal", añade la nota oficial.
Más tarde, la defensa del expresidente recurrió al Tribunal Supremo Federal para que impida su traslado.
Por ese y otros argumentos los abogados pidieron que se "suspenda" la decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que determinó el traslado, hasta que el Supremo juzgue la petición de habeas corpus que pide poner en libertad al expresidente.
El texto dirigido al Supremo reitera la petición de libertad para el expresidente y lo hace basándose en los propios argumentos de la policía de Curitiba, que defendía que no había condiciones materiales para mantener a Lula preso en la Superintendencia de la Policía Federal.
Además, argumentan los abogados, hay precedentes: como cuando el expresidente Michel Temer (2011-2016) dejó la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro para ser trasladado al comando de la Policía Militar en São Paulo, donde sí había una Sala de Estado Mayor.
En opinión de la defensa, esa diferencia en el tratamiento entre los dos expresidentes "hace que sea aún más clara la presión ilegal" a la que estaría sometido Lula.
La reacción del Partido de los Trabajadores
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleissi Hoffmann, cree que la vida del expresidente puede estar en peligro si finalmente se le traslada a la cárcel de Tremembé.
"La seguridad y la vida del expresidente Lula estarán en peligro bajo la policía de João Doria [el gobernador de Sao Paulo], su transferencia a Tremembé 2, sin prerrogativas de expresidente, es otra violencia de la farsa judicial a la que fue sometido", escribió en su cuenta de Twitter.
Hoffmann también criticó la conexión entre el juez de Sao Paulo que escogió esa cárcel para Lula, Paulo Eduardo de Almeida Sorci, y el exjuez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia.
Gleissi Hoffmann hacía alusión al hecho de que Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, nombrara recientemente a Sorci para un cargo en el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria.
El expresidente está preso desde abril de 2018 en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la capital del estado de Paraná (sur), porque en esta ciudad se centralizaron las investigaciones de la Operación Lava Jato.
