"Lo que está proyectando la administradora de Arica es un incremento en función al tipo de carga y a la cantidad de la carga (...). Nosotros rechazamos cualquier incremento en las tarifas; estamos exigiendo que se puedan establecer los distintos mecanismos de diálogo correspondiente y podamos encontrar una salida viable para ambos países", dijo Pary a reporteros, citado por esa agencia.
Pary se refirió así al alza tarifaria anunciada hace una semana por la empresa Terminal Puerto de Arica (TPA), que debería regir a partir de este 5 de agosto y que, según denunciaron importadores y transportistas locales, implicaría un incremento de hasta 240% en comparación con las tarifas que regían hasta fines de julio.
El canciller dijo que La Paz pidió a Santiago una explicación oficial sobre la decisión de TPA, que consideró "disfrazada bajo el nombre de nuevo manual de servicios", sin recibir respuesta hasta el 5 de agosto.
Explicó que la administradora estatal de puertos de Bolivia, que gestiona el tránsito de la carga boliviana hacia y desde ultramar, no puede negociar con una empresa privada como TPA porque el uso de Arica y otros puertos de Chile corresponde a una relación entre estados emergente del tratado de 1904 que fijó los actuales límites tras una guerra en la que La Paz perdió su acceso marítimo soberano.
Pary apuntó que la privatización de Arica constituye de hecho una vulneración de ese tratado por el cual Bolivia debería tener libre tránsito a través del puerto chileno.
Añadió que por el mismo motivo Bolivia tampoco acató otra alza tarifaria dispuesta por TPA en 2016.
Según informes oficiales, hasta tres cuartas partes de la carga internacional de Bolivia transita por los puertos chilenos de Arica, Antofagasta, Mejillones, Iquique y otros.
