"El Poder Ejecutivo está proponiendo, a través de un proyecto de ley que sea el propio Congreso el que apruebe la reducción de su mandato introduciendo en la Constitución una reforma que lo establezca", dijo Cairo, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho y de Maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú.
El miércoles, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el "Proyecto de ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales".
La iniciativa, anunciada por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio, busca que se adelanten las elecciones generales para el tercer domingo de abril de 2020, de modo que las nuevas autoridades asumirían su mandato en julio de ese año, un año antes de lo previsto de acuerdo al actual mandato.
La reforma propuesta añade al artículo 112: "No podrá postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales inmediatas el ciudadano que, bajo cualquier título, hubiere asumido el cargo de la Presidencia de la República".
El propósito de esa cláusula es establecer que Vizcarra, quien fue elegido vicepresidente y asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), no podrá postularse en esos eventuales comicios adelantados.
El proyecto añade cuatro disposiciones transitorias que "estarán contenidas en la Constitución solo por esta coyuntura particular", explicó Cairo.
La segunda establece que las elecciones adelantadas se celebrarán el tercer domingo de abril de 2020 y que el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil "adecuen los plazos para que el proceso electoral pueda desarrollarse en la fecha señalada".
"El proceso electoral está compuesto de determinados actos y cada uno de estos puede contener el establecimiento de algún plazo. Lo que establece esta disposición es que deben adecuarse estos plazos: si hay alguno más largo, de repente debería acortarse, de tal manera que se llegue a realizar las elecciones el tercer domingo de abril de 2020", explicó Cairo.
La tercera disposición indica que los miembros del Ejecutivo y del Legislativo serán elegidos por un plazo de cinco años, hasta julio de 2025.
El Gobierno, según un cronograma contenido en el propio texto, busca que el proyecto sea debatido por el Congreso en agosto, se apruebe en septiembre y sea refrendado por la ciudadanía en noviembre.
La convocatoria para las nuevas elecciones generales, en caso de que la reforma sea aprobada por voto popular, se llevaría a cabo en diciembre.
Los críticos del proyecto señalan que este cronograma es muy ajustado y poco probable de ser puesto en práctica.
Cairo estimó posible cumplir con estos plazos, "si existe voluntad política de parte del Congreso".
Cairo comentó que "el reglamento del Congreso permite que la junta de portavoces exonere del trámite de comisiones a los proyectos de ley, incluidos los proyectos de reforma constitucional, de manera que este proyecto entraría directamente al pleno y en el pleno se debatiría y, de alcanzar el consenso, se aprobaría y esto podría ser en dos semanas".
Pero la voluntad política del Congreso, según el jurista, es fundamental para que prospere una iniciativa que ponga fin a un Gobierno marcado por excesivos enfrentamientos y diferencias entre los dos poderes del Estado.
