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Constituyente afirma que embargo de Citgo es parte de la guerra de EEUU contra Venezuela

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CARACAS (Sputnik) — La autorización de un tribunal de EEUU a que la minera canadiense Crystallex remate acciones de la refinería Citgo forma parte de las acciones de guerra del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela, dijo a Sputnik el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), David Paravisini.

"Esto no es más que la continuidad de las acciones de guerra de Estados Unidos en contra de Venezuela, atacando los activos que tiene Venezuela fuera de nuestras fronteras", dijo Paravisini, miembro de la comisión de Economía de la ANC, integrada solo por oficialistas.

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Una corte de apelaciones de EEUU decidió el 29 de julio que la minera canadiense Crystallex podía rematar acciones de Citgo, una empresa que posee refinerías en EEUU y que es propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para cobrarse una deuda de 1.400 millones de dólares en la que incurrió el Gobierno venezolano al nacionalizar yacimientos de oro.

Este fallo, que puede ser apelado o puede ser incluso bloqueado por la administración de Donald Trump, liquidaría la capacidad de Venezuela de refinar crudo y obtener recursos por la venta de los combustibles resultantes.

El constituyente manifestó que las acciones contra bienes del Estado las ha impulsado EEUU con la conformación de un Gobierno paralelo en Venezuela, que lidera el diputado opositor Juan Guaidó.

"Estados Unidos ha nombrado un Gobierno paralelo, el del señor Guaidó, a quien le reconocen el nombramiento de una directiva en nuestras empresas en el exterior, desde ahí comienza un saqueo en contra de la república", sostuvo.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció el miércoles que la decisión del tribunal estadounidense obedece a una operación de "crimen organizado internacional" con el objetivo de "robarse" los recursos de Venezuela.

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Rodríguez también atribuyó al partido político de Guaidó, Voluntad Popular, un plan para despojar a PDVSA de todos sus activos.

Paravisini, coordinador de la subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Constituyente, consideró que esta nueva acción pretende aumentar la asfixia económica.

"Lo que está sucediendo no es sino la concreción de las amenazas de Estados Unidos de crear un cerco financiero, como ellos habían dicho de aplicar, un cerco y asfixia contra el país", acotó.

Paravisini, profesor de la Universidad Bolivariana en el Centro de Ciencia de la Energía, opinó que el Gobierno deberá buscar una solución al embargo de Citgo.

"El Gobierno debe ejercer una presión internacional para que Estados Unidos dé marcha atrás a la violación de todos los acuerdos internacionales (…) ya el presidente ha concentrado su esfuerzo en tratar de buscar a nivel diplomático, de las Naciones Unidas, una condena a la aplicación de medidas financieras externas, como hace EEUU contra Venezuela", indicó.

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El Ministerio Público venezolano inició una investigación penal contra José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como procurador especial para la defensa, por su participación en un juicio en Estados Unidos para embargar a la petrolera Citgo.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición trata de "descuartizar" las riquezas de Venezuela, al "robarse" la petrolera Citgo.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, designó en mayo a un abogado para negociar con los acreedores internacionales y señaló que EEUU debía apoyar sus esfuerzos para garantizar que Venezuela no perdiera el control de activos externos como Citgo. El Gobierno y PDVSA dejaron de cancelar unos 10.000 millones de dólares de deuda a sus acreedores, en medio de la imposibilidad de refinanciamiento.

El litigio del Estado venezolano con Crystallex comenzó a finales de 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) anunció una nacionalización y suspendió licencias para la exploración de oro y otros minerales.

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En aquellas condiciones varias empresas extranjeras suspendieron sus proyectos de exploración, entre ellas Gold Fields, de Sudáfrica, y Hecla Mining, de Estados Unidos.

Crystellex comenzó una batalla legal contra Venezuela cuando el Gobierno le retiró en 2011 la licencia que el propio presidente Chávez había aprobado en 2002 para explotar la mina Las Cristinas, uno de los yacimientos de oro más grandes de este país sudamericano.

La empresa minera ganó en 2016 un arbitraje internacional que ordenó al Estado venezolano pagar 1.200 millones de dólares más intereses.

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