"Naciones Unidas en Uruguay expresa su preocupación sobre la iniciativa de pre-referéndum en marcha para derogar la Ley Integral para Personas Trans (N° 19.684)", indicó la ONU en el texto.
Si bien la organización reafirma que las "diversas formas de participación ciudadana constituyen un pilar esencial de la democracia" esta también "tiene como principio fundamental el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas".
Por eso, entiende la ONU, tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías".
El 19 de octubre del año pasado Uruguay aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que establece medidas de protección y reparación para ese sector de la población.
Desde mayo de este año, la campaña a favor de derogar la ley trans alcanzó la cantidad de firmas suficientes para impulsar un pre-referéndum.
La votación del 4 de agosto no es obligatoria y para llegar a un referéndum es necesario que vote el 25% de los habilitados para sufragar.
Los diputados por el Partido Nacional (centro-derecha) Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, este último también pastor evangélico, son los principales impulsores de la campaña para derogar la norma.
Sin embargo, la ley establece que "para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto".
El 29 de julio, Iafigliola dijo en cadena nacional de radio y televisión que "la transexualidad no es una fuente de derechos especiales, como no lo es la heterosexualidad".
También el 25 de julio la licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista trans Josefina González dijo a Sputnik que "muchos han atacado a la población trans, diciendo que esta ley nos coloca en un lugar de privilegio, cuando la realidad es que la expectativa de vida de las personas trans es muy baja, que no pueden acceder al mercado de trabajo formal, que por temas de desarrollo de vida y discriminación tampoco pudieron sortear el sistema educativo y además sufrieron la expulsión temprana de la familia".
El Primer Censo Nacional de Personas Trans, realizado en 2016, mostró que ese colectivo suma unas 933 personas en Uruguay.
Un cuarto de los menores de edad transexuales son expulsados de su casa, el 75% abandonaron sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo el 23% cuentan con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, indica el censo.
Según esos datos oficiales, solo el 16% de las personas transexuales uruguayas pasan los 50 años.
