El movimiento de la justicia europea se esperaba luego de que Bruselas retirara la demanda, al comprobar que Madrid había hecho sus deberes. Y es que el pasado 16 de junio, la Comisión dio por finalizada la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
La norma tenía que haber sido aprobada a más tardar el 21 de marzo de 2016. El conflicto se inició una vez vencido ese plazo, cuando Bruselas remitió varios avisos al Gobierno del PP, del presidente Mariano Rajoy, y al no detectar avances significativos, presentó una denuncia contra España el 28 de abril de 2017.
La Comisión Europea había solicitado a la justicia que impusiera a España una sanción de 106.000 euros (casi 120.000 dólares) por cada día de retraso en aprobar las normas.
Tras su toma de posesión en junio de 2018, el Gobierno Socialista de Pedro Sánchez trató de acelerar los cambios legislativos. La reforma hipotecaria fue aprobada el pasado mes de marzo y entró en vigor desde mediados de junio, dando finalmente cumplimiento a la norma europea.
